Abigail A. Correa Cisneros.
En medio de la crisis hídrica que se vive en el país, vale la pena resaltar que hay ciudadanos que se aprovechan de los huecos que todavía hay en la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La corrupción que ha tratado de eliminarse desde que comenzó el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, permitió la existencia de pozos ilegales y desvío del recurso más importante para la vida, el agua.
Apenas surgieron a la luz nombres de algunos particulares, Fernando González Treviño y Luis González Treviño, que desviaron agua a sus ranchos en Nuevo León, y que hoy equivaldría al suministro de 140 mil habitantes. El Gobierno del Estado informó en días pasados la existencia de tomas clandestinas de agua en distintos municipios rurales. Uno de ellos corresponde a un rancho-hotel que tomaba agua del Río San Fernando, el segundo se trata de una propiedad de Hualahuises que mediante compuertas y una represa limitaba el paso del agua y lo desviaba a riego.
Asimismo, encontró y clausuró una represa al interior de un rancho, en el cual se extraía
de manera ilegal agua de un ducto que conectaba con la presa El Cuchillo.
El agua dejó de ser un bien de la nación, ya lo acaparan empresas y uno que otro que impunemente la saquea dejando a los más necesitados sin la misma, ya sea para hacer negocio o simplemente apropiársela. Desde 1992, el sistema de concesiones permite las fugas, y los gobiernos que fueron llegado al poder se hicieron de oídos sordos. Este sistema no registra de manera exacta cuánta agua se extrae y para qué se usa.
Existen miles de títulos de concesión para uso agrícola, pero se destina a otros fines, lo que significa un desvío del subsidio y por lo tanto un delito. Además, la ley excluye de pago a aquellos que tienen concesiones para uso agrícola. Asimismo, se señala a grandes empresas, mineras, refresqueras, cerveceras, entre otras, como las que despojan del agua a comunidades. Varias de esas corporaciones son beneficiadas con condonaciones de impuestos y subsidios para el campo.
La denuncia de pozos ilegales se ha hecho desde hace años, pero parece no importar. Tan solo en Chihuahua ejidatarios, agricultores y miembros de la organización El Barzón han denunciado esta actividad desde, por lo menos hace una década. Los afectados hicieron su propio conteo, ya que Conagua no mostró interés, y descubrieron cerca de 1500 pozos ilegales en el estado.
Cuando se hizo la denuncia durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de pronto Conagua había entregado 395 constancias de registro a productores de los municipios de Cuauhtémoc, Riva Palacio y Namiquipa, (acuíferos de Cuauhtémoc y Santa Clara) zonas en donde se habían encontrado los pozos ilegales.
Lo peor es que cuando los campesinos denuncian o buscan respetar sus derechos, son tratados como alborotadores, delincuentes e incluso se enfrentan a la amenaza de muerte. Por ejemplo, en el caso de Chihuahua, desde que se hizo la denuncia, hace algunas décadas, las autoridades en lugar de defender a los ciudadanos permitieron la aprehensión de una veintena de personas por oponerse a la electrificación de los pozos ilegales que están abatiendo los mantos acuíferos.
Desde el 2012 varios productores agrícolas con concesiones legales para extraer el agua del subsuelo de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen, notaron que sus cosechas disminuían por el abatimiento de los acuíferos. Iniciaron un movimiento para exigir a las autoridades que cancelaran los más de 400 pozos ilegales en la Cuenca. La sobreexplotación ilegal, no sólo afecta a las familias que cuentan con concesiones para sembrar sus parcelas y producir alimentos, sino que está provocando un daño irreversible a los recursos naturales.
En 2012 Ismael Solorio y Manuela Solís fueron asesinados por defender el derecho al agua. Desde entonces y hasta 2019, se contabilizaron 83 asesinatos de defensores del ambiente y del territorio, que en su mayoría lucharon por el acceso al agua para sus comunidades.
Desde el Centro
Finalizó la Cumbre de las Américas y, entre otros temas, se habló de la migración incontrolable en la región. Entre acciones como destinar más presupuesto para países centroamericanos, destacó el programa Sting (aguijón) que tiene por objetivo desmantelar las caravanas de migrantes. El plan puede ser ampliamente criticado en cuanto los derechos humanos. Si bien combate a los coyotes o polleros (traficantes de humanos) también trata como criminales a los migrantes. En entrevista con CNN, el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, se refirió al programa que desplegará cientos de agentes en América Latina para desarticular y desmantelar la red de “contrabando de personas” que se dedican a organizar las caravanas de miles de migrantes que se han convertido en un quebradero de cabeza para EU y otros gobiernos de la región, México incluido… Entraron al país las primeras seis mil 700 toneladas de sulfato de amonio con que se podrá atender la demanda de la agricultura comercial a precios competitivos y al mismo tiempo se incrementará la productividad agroalimentaria del país para hacer frente a la crisis global propiciada por el conflicto en Europa del Este. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula dijo se están tomando medidas a tiempo, concretas y prácticas que instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador para proveer de fertilizante a los agricultores mexicanos, y que forman parte del Plan contra la inflación y la carestía (Pacic), que en sus medidas de producción establece la eliminación de cuota compensatoria del sulfato de amonio.
