David Guillén Patiño.
Dada la inesperada vertiginosidad de la actividad mediática en el actual contexto preelectoral, la opinión pública apenas sí puede asimilar los mensajes periodísticos.
Hoy amanecimos con un nuevo sobresalto: “Estados Unidos examinó acusaciones de vínculos de cárteles con aliados del presidente de México”.
El encabezado publicado el jueves por The New York Times reza literalmente: “U.S. Examined Allegations of Cartel Ties to Allies of Mexico’s President”.
A todas luces, la nota fue armada con sumo cuidado, como queriéndose evitar una imprudencia, luego de cometerse un grave desliz en relación con este delicado tema.
El rotativo estadounidense manejó igualmente este otro titular, casi idéntico: “Examined Allegations of Cartel Ties to Allies of Mexico’s President”, cuya traducción es: “Se examinan acusaciones de vínculos de cárteles con aliados del presidente de México”.
En ninguno de los dos encabezados y sus respectivas notas se advierte una acusación clara y concluyente contra la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué?
La respuesta se encuentra en las declaraciones vertidas diligentemente por el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
Estas tuvieron lugar horas después de que el presidente atendiera en “la mañanera” un cuestionario que dicho periódico le envió por escrito un día antes.
El jefe de la nación acusó la falta de pruebas en relación con lo esgrimido en dicho oficio, que se basa en una supuesta investigación practicada al gobierno mexicano por la administración Biden, sobre lo cual este tendría que ofrecer una explicación.
Se recordará que la Casa Blanca reaccionó casi de inmediato, afirmando terminantemente: “No hay ninguna investigación al presidente López Obrador”.
“El Departamento de Justicia habría tenido la responsabilidad de revisar cualquier acusación”, dijo tajante Kirby, al ser interrogado al respecto en conferencia de prensa.
Zanjado el asunto, el “prestigio” del NYT parece haber quedado (una vez más) reducido a escombros, toda vez que desarrolló una narrativa esencialmente especulativa.
A final de cuentas, lo único que ese “pasquín” logró con su reportaje fue “parir un ratón”, según palabras de López Obrador en “la mañanera”.
En la misma, a pregunta expresa de la reportera de Univisión, Jésica Zermeño, justificó haber dado a conocer el número telefónico de la periodista Natalie Kitroeff, bajo el argumento de que ello fue parte de su defensa contra las “calumnias” de The New York Times, en tanto, se mostró convencido de que los derechos y libertades de él y su familia están primero, tanto como su investidura y la soberanía del país.
Todo indica que el Times busca mantener vigente su reportaje, ahora apoyándose en que el titular del Ejecutivo federal doxxeó a la corresponsal del periódico neoyorquino, mismo que hoy publica un artículo con ese asunto.
Así pues, primero fueron las “investigaciones” de la Administración de Control de Drogas (DEA), en función de las cuales afirmó que, en 2005, cuando el grupo de los Beltrán Leyva era liderado por Édgar Valdez Villarreal (»La Barbie’’), miembros de este cártel se reunieron con gente de López Obrador, en Nuevo Vallarta, Nayarit.
Según Insight Crime, se logró entonces un acuerdo con AMLO, en campaña electoral: dos millones de dólares a cambio de dar al cártel el primer derecho de rechazo sobre quién ocuparía la Procuraduría General de la República.
En respuesta, el mandatario nacional acusó a los periodistas de hacer el »trabajo sucio», y les demandó pruebas.
Ha dicho que este tipo de publicaciones respondieron al hecho de que en México había elecciones y de que el país estaba en su mejor momento.
En su oportunidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos contestó a los medios, señalando que prefería no comentar al respecto.
Por su parte, la canciller Alicia Bárcena, en medio de una reunión bilateral privada y en la que estuvo presente López Obrador, declaró que, para la asesora de seguridad, Elizabeth Sherwood-Randall, el asunto estaba concluido.
“Liz Sherwood, la asesora de Seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos”, aseveró.
Es un tema de 2006, habría dicho aquella vez la asesora, añadiendo que las investigaciones de Estados Unidos “fueron cerradas, sin haber encontrado ningún tipo de delito, ni consecuencia de ello”.
Volviendo a la vorágine noticiosa del pasado jueves, sucedió también que Morena presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE), acusando a la precandidata presidencial Xóchitl Gálvez de hacer “guerra sucia” en redes sociales.
Los blancos de dichos ataques virtuales son el presidente Andrés Manuel López Obrador y la morenista Claudia Sheinbaum, quien también busca la presidencia.
“Es una queja en materia de fiscalización”, pues se trata de “una estrategia de financiamiento ilegal para generar una tendencia en contra de nuestro movimiento”, denunció el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE.
Junto con el diputado Gerardo Fernández Noroña, encargado de la vocería del equipo de Sheinbaum Pardo, se refirió al uso de bots, trolls y cuentas ficticias.
Dicha ofensiva, dirigida desde el extranjero, le estaría costando a sus orquestadores un millón de dólares por semana, reveló el líder nacional de Morena, Mario Delgado.
Atlas Network y una red de empresas buscan “desestabilizar el proceso democrático en nuestro país, usando la red social ‘X’ y otras para generar desinformación y miedo, y tratar de desprestigiar a nuestro gobierno y a nuestra calidad”, externó Delgado Carrillo.
Los hashtags #NarcoPresidente, #NarcoGobiernoAMLO #NarcoCandidataClaudia y #NarcoCandidataSheinbaum registran ya más de 170 millones de vistas.
El propio López Obrador mostró un tuit de Max Kaiser, retuiteado por Claudio X. González, en el que se lee: “Llevo varios años en Twitter, y nunca había visto algo así”.
La referida queja también ocurre a unos días de que inicie la campaña presidencial, el próximo 1 de marzo, con miras a las elecciones del 2 de junio de este año.
De los hechos hasta aquí referidos, podemos sacar algunas conclusiones, sin dejar de considerar el actual escenario político-electoral.
Lo primero a destacar es que la oposición, hasta hace poco desarticulada y errática, parece haber empezado, por fin, a organizarse y actuar coordinadamente bajo una estrategia común, con miras a recuperar el poder… “cueste lo que cueste”.
Por sus características, la lucha encabezada por el llamado bloque opositor tendría que ver con un meticuloso cronograma que comprende una serie de acciones sistemáticas.
A ello estaría respondiendo la campaña que realiza Xóchitl Gálvez en el extranjero, tanto como los claros embates del exterior contra la administración de López Obrador, particularmente los provenientes de la DEA, del NYT y los bots.
De confirmarse y consolidarse tal maquinación, cabe preguntarse qué sigue. Hasta ahora, lo que se puede avizorar es, con toda seguridad, el recrudecimiento de la problemática política y social, como parte de un probable proyecto desestabilizador.
La lógica nos indica que en los siguientes días los noticiarios y comentaristas estarán hablando de violencia, nuevos escándalos de corrupción, elecciones de Estado, fraude electoral e injerencia de Estados Unidos. En teoría, ese es el plan. Tiempo al tiempo…
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