Ciudad de México.- Un grupo de 30 organizaciones ambientales, sociales y comunitarias rechazó las conclusiones del comité científico que evaluó la viabilidad de la fracturación hidráulica (fracking) en México y solicitó que esta técnica sea prohibida de manera definitiva en todo el territorio nacional.
El posicionamiento fue emitido después de que el comité convocado por el Gobierno federal recomendó continuar los estudios sobre la posible explotación de gas natural no convencional en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro Picachos, ubicadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Aunque los especialistas consideraron inviable el uso del fracking en la Cuenca Tampico-Misantla por razones ambientales y sociales, las organizaciones sostuvieron que mantener abierta la posibilidad de explorar otras regiones del noreste del país representa riesgos similares para las comunidades y los recursos naturales, especialmente en zonas con problemas de disponibilidad de agua.
Las asociaciones civiles plantearon que la única medida capaz de garantizar la protección del derecho a la salud y a un medio ambiente sano es establecer una prohibición constitucional para la fracturación hidráulica en México.
En un comunicado conjunto, las organizaciones cuestionaron la integración del comité de especialistas al considerar que no participaron representantes de las comunidades potencialmente afectadas ni expertos en áreas como salud pública, derechos humanos y pueblos indígenas.
Asimismo, criticaron que el análisis se centrara en evaluar condiciones para reducir los impactos de la técnica, en lugar de determinar si su implementación debería descartarse por completo.
Otro de los señalamientos se refiere al uso de tecnologías como agua salada, sistemas de reciclaje y nuevos aditivos químicos para disminuir los impactos ambientales. De acuerdo con las organizaciones, no existe evidencia científica suficiente que demuestre que estas alternativas eliminen riesgos como la contaminación de acuíferos, las emisiones de metano, la actividad sísmica inducida o los posibles efectos sobre la salud de la población.
También advirtieron que la evaluación presentada por el comité no establece mecanismos claros para el manejo y disposición final de las aguas residuales generadas por la extracción, ni contempla la obligación de transparentar la ubicación, volumen y composición química de esos residuos.
Las organizaciones señalaron que la reinyección de aguas residuales en pozos profundos puede representar riesgos de contaminación y de actividad sísmica, mientras que su tratamiento implica elevados costos y no siempre elimina todos los contaminantes presentes.
Con base en un estudio de CartoCrítica, recordaron que la explotación de apenas el 10 por ciento del potencial estimado de gas no convencional en México requeriría más de 25 mil pozos y un consumo aproximado de mil 923 millones de metros cúbicos de agua.
Además, estimaron que más de seis millones de personas habitan en zonas con potencial para este tipo de explotación o en áreas de influencia, y afirmaron que gran parte del agua necesaria para desarrollar estos proyectos se utilizaría en regiones que ya enfrentan estrés hídrico.
El pronunciamiento fue respaldado por diversas organizaciones, entre ellas la Alianza Mexicana contra el Fracking, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México y Noreste Sin Fracking.
Con información de: EFE
