La presidenta Claudia Sheinbaum ha modificado su postura sobre la explotación de gas natural no convencional mediante fractura hidráulica, luego de haber establecido durante su campaña presidencial de 2024 el compromiso de no permitir el fracking en México.
El cambio se produjo en el contexto de la dependencia del país respecto al gas natural importado de Estados Unidos y de la búsqueda del Gobierno federal de alternativas para incrementar la producción nacional de este combustible.
Durante el arranque de su campaña presidencial, el 1 de marzo de 2024, Sheinbaum presentó sus compromisos de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México. Entre ellos incluyó el punto 87, relacionado con política ambiental, en el que planteó impedir la explotación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica.
El compromiso también quedó plasmado en el documento denominado “100 Pasos para la Transformación”, utilizado como plataforma para el periodo 2024-2030. La propuesta establecía que no se permitiría la explotación de hidrocarburos mediante fracking.
La entonces candidata reiteró esa posición durante el segundo debate presidencial, realizado el 28 de abril de 2024, al referirse a sus propuestas en materia ambiental y de cambio climático.
Ya como presidenta, Sheinbaum volvió a sostener en diciembre de 2024 que la prohibición se mantendría. En esa ocasión señaló que, aunque sería necesario revisar los alcances de las reformas constitucionales relacionadas con la actividad energética y ambiental, no habría fracking durante su administración.
La postura comenzó a cambiar en 2026. El 15 de abril, la presidenta reconoció que estaba dispuesta a analizar nuevas tecnologías para la extracción de gas no convencional, argumentando que México enfrenta una elevada dependencia de las importaciones de gas natural provenientes principalmente de Estados Unidos.
Sheinbaum explicó entonces que su posición histórica había sido contraria al fracking, pero consideró necesario estudiar si las nuevas tecnologías podrían reducir los impactos ambientales asociados con esta práctica.
A partir de ese planteamiento, el Gobierno federal conformó un grupo de especialistas para analizar las posibilidades de aprovechamiento de los recursos de gas no convencional existentes en México y determinar bajo qué condiciones podría realizarse una eventual explotación.
En el análisis participaron investigadores y especialistas de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
Los primeros resultados de los estudios identificaron zonas que podrían continuar bajo evaluación. Entre ellas se encuentran las cuencas Sabinas-Burro-Picachos, que abarcan territorios de Coahuila y Nuevo León, y la cuenca de Burgos, en Tamaulipas.
En contraste, los especialistas plantearon descartar la explotación mediante fracking en la cuenca Tampico-Misantla. También establecieron condiciones relacionadas con el uso del agua para una eventual explotación de recursos no convencionales.
Sheinbaum ha señalado que, en caso de avanzar en algún proyecto, se tendría que evitar el uso de agua dulce y analizar alternativas como el aprovechamiento de agua salada profunda. La presidenta también ha condicionado la continuidad de los estudios a la viabilidad de utilizar este tipo de recursos hídricos.
El Gobierno federal sostiene que el objetivo actual no consiste en autorizar de manera automática el fracking, sino determinar mediante evidencia científica si existen tecnologías capaces de reducir los impactos ambientales y, al mismo tiempo, contribuir a disminuir la dependencia de las importaciones de gas.
El tema ha generado críticas de organizaciones ambientalistas. La Alianza Mexicana contra el Fracking ha rechazado la posibilidad de desarrollar una modalidad considerada de menor impacto y ha exigido mantener la prohibición de esta técnica.
Las organizaciones ambientalistas advierten sobre posibles riesgos relacionados con la contaminación de fuentes de agua, emisiones y afectaciones a las comunidades cercanas a las zonas de extracción. También han señalado que modificar la tecnología utilizada no elimina necesariamente los riesgos asociados a la explotación de hidrocarburos no convencionales.
El debate tiene especial relevancia para el noreste del país debido a que algunas de las principales áreas bajo análisis se encuentran en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La cuenca Sabinas-Burro-Picachos, en particular, es una de las regiones consideradas por el Gobierno federal para continuar con los estudios.
La discusión, por ahora, se encuentra en una etapa de evaluación científica y técnica. No existe una autorización general para reactivar el fracking en México y la eventual explotación de gas no convencional dependerá de las conclusiones de los estudios, las condiciones ambientales y la regulación aplicable.
El contraste con la posición asumida por Sheinbaum durante la campaña presidencial, sin embargo, es evidente: en 2024 planteó expresamente impedir la explotación de hidrocarburos mediante fracking y, en 2026, su gobierno decidió estudiar nuevas tecnologías que podrían permitir el aprovechamiento de gas no convencional bajo determinadas condiciones.
Con información de: Animal Político, Presidencia de la República, Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Universidad Nacional Autónoma de México y Alianza Mexicana contra el Fracking.
