La Secretaría de Educación Pública (SEP) trabaja en una propuesta de lineamientos para regular el uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos en planteles de educación básica, a partir de una consulta realizada entre docentes de todo el país.
Los resultados de la consulta muestran que existe un respaldo mayoritario entre los profesores para establecer reglas que permitan utilizar la tecnología de manera segura y con fines educativos. De los 565 mil 396 docentes participantes, 81% se pronunció a favor de establecer mecanismos de regulación.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dio a conocer los resultados durante el inicio del ciclo escolar 2026-2027, periodo en el que regresaron a las aulas millones de estudiantes en aproximadamente 250 mil escuelas del país, con la participación de más de 1.6 millones de docentes.
La consulta se realizó durante el Consejo Técnico Escolar Intensivo de la semana previa al regreso a clases y tuvo como objetivo conocer la experiencia de los maestros frente a la presencia de dispositivos electrónicos dentro de los centros educativos.
De acuerdo con los resultados presentados por la SEP, alrededor de cuatro de cada 10 docentes señalaron que los estudiantes llevan teléfonos celulares a las escuelas, mientras que 24% reportó la presencia de relojes inteligentes.
Entre las principales dificultades identificadas destaca la pérdida de atención. El 48% de los profesores consideró que los celulares complican mantener concentrados a los estudiantes, mientras que 38% señaló que estos dispositivos pueden interrumpir las actividades escolares.
Otro 34% observó que algunos alumnos reducen su participación en actividades de convivencia al permanecer pendientes de sus teléfonos.
La consulta también identificó una relación entre el uso de redes sociales y conflictos dentro de los planteles. El 38.7% de los docentes afirmó haber detectado casos en los que problemas originados en redes sociales posteriormente llegan al salón de clases o generan situaciones dentro de las escuelas.
Frente a estas circunstancias, 51% de los maestros planteó la necesidad de contar con protocolos para responder ante situaciones de riesgo y establecer acuerdos con madres y padres de familia sobre las condiciones de acceso y utilización de dispositivos tecnológicos.
Mario Delgado señaló que los resultados fueron presentados parcialmente a las autoridades educativas estatales y que la SEP continuaría durante esta semana con la revisión de las propuestas para definir los lineamientos nacionales.
El objetivo no sería eliminar el uso de la tecnología en las escuelas, sino establecer criterios que permitan aprovecharla cuando tenga una finalidad educativa y, al mismo tiempo, reducir las distracciones y posibles riesgos asociados con su utilización.
La discusión forma parte de un debate internacional sobre el papel de los teléfonos celulares en los centros educativos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha señalado que la tecnología debe utilizarse en las aulas cuando contribuya directamente al aprendizaje y ha advertido sobre los posibles efectos de un uso excesivo o inadecuado.
La regulación también busca atender situaciones relacionadas con la convivencia escolar, debido a que los conflictos que se originan o amplifican mediante redes sociales pueden trasladarse posteriormente a los espacios educativos.
Además de esta estrategia, durante el ciclo escolar 2026-2027 la SEP contempla poner en marcha el programa ABC de las emociones, que incluye materiales dirigidos a estudiantes, docentes y familias, así como una hora semanal destinada al trabajo sobre salud emocional en secundarias y preparatorias.
En la Ciudad de México, el regreso a clases también estuvo acompañado por un operativo de seguridad. La alcaldesa Clara Brugada informó sobre el despliegue de 15 mil policías para realizar labores de vigilancia en las inmediaciones de escuelas, cruces, calles y sistemas de transporte.
La SEP deberá definir los lineamientos nacionales a partir de las propuestas recogidas entre docentes y autoridades educativas estatales. Hasta el momento, el proceso se encuentra en etapa de revisión y elaboración de la propuesta.
