José C. Serrano Cuevas.
El número de homicidios que se cometen con armas de fuego en México, se mantiene en un rango muy elevado, sostuvieron autoridades del gobierno federal y académicos universitarios que participaron en el seminario Litigio estratégico vs productores y distribuidores de armas.
Durante dos años el gobierno de México preparó dicho seminario, cuya responsabilidad recayó directamente en la cancillería encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue la entidad anfitriona para que, los días 22 y 23 de septiembre de este año, se pudiera analizar la propuesta en mesas de trabajo.
En la ceremonia inaugural del seminario, el secretario de Relaciones Exteriores, externó que si no se tiene la posibilidad de que en Estados Unidos se asuma la corresponsabilidad en los índices de violencia en este país a través de la disponibilidad de armas, será muy difícil reducirlos.
El litigio se basa en algo novedoso: la negligencia de las empresas que fabrican armas diseñadas para el uso, en especial, de quienes están vinculados al narcotráfico. Las compañías han actuado irresponsablemente y eso, provoca costos enormes en México, especialmente en vidas humanas.
Marcelo Ebrard refirió que en Estados Unidos no ha habido medidas de restricción para el comercio de armas, tal desidia se traduce en la violencia imparable que campea por la geografía mexicana.
«Será muy importante el acompañamiento de la Facultad de Derecho de la UNAM y otros centros de estudios para perfeccionar el litigio, que nuestro país salga avante en esta demanda que sentaría un precedente muy importante para comenzar a modificar el acceso irrestricto a las armas e impactar en una baja en el número de homicidios y la violencia en el país», apuntó.
En la inauguración del seminario el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, dijo que «al existir una regulación fuerte en nuestro país sobre el uso y portación de armas, cobra relevancia la iniciativa de la cancillería mexicana que, apunta a la perspectiva internacional del combate al flujo de armas ilegales que en México ha causado estragos».
La comunidad tiene interés en conocer, analizar y colaborar en la labor trascendente que constituye una acción audaz e innovadora en el servicio público. El ánimo de participar entre ambas instituciones no desmaya.
En las mesas de trabajo se plantearon aspectos importantes como el combate al tráfico ilícito y la inmoralidad de las empresas que se benefician económicamente por la manufactura, distribución y venta de armas, a costa de la muerte, lesiones y sensación de inseguridad que se viven en México.
Existe información pública del número de armas encontradas e incautadas en escenarios del crimen en el país en los últimos 10 años y, se identificó a las empresas distribuidoras y vendedoras, las cuales tienen sus negocios en Massachusetts, donde el circuito de apelaciones no es tan conservador y ha mostrado apertura para abordar el tema.
En la corte federal de ese estado de la Unión Americana tendrán lugar varias audiencias del litigio. Se trata de una demanda civil en la que el gobierno mexicano argumenta que ha sufrido daños directos e indirectos por las prácticas comerciales negligentes e ilícitas de diversas empresas, como Barrett.
La demanda se fundamenta de manera sólida y defiende la dignidad jurídica de México. Se sabe que 70 por ciento de las armas que entran de manera ilegal al país, son de origen estadunidense e ingresan por las ciudades fronterizas: San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, Mc Allen-Reynosa y Brownsville-Matamoros.
Como contraste a lo aquí narrado, en la comparecencia de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la Cámara de Senadores el pasado 21 de septiembre dijo: «El homicidio se ha contenido y va a la baja. En lo que va del año hemos tenido 3.8 menos homicidios que el año pasado».
La señora ya cumplió con el patrón: ¡Yo tengo otros datos!
