Samuel Cepeda Tovar.
Sin importar que se trate de una situación financieramente normal (incremento anual de ingresos), el hecho de que haya más ingresos a las arcas públicas con respecto al presente año, teniendo como contexto la pandemia y sus consecuencias económicas, es una situación digna de celebrar. En términos sencillos y coloquiales, en 2022 el gobierno federal tendrá más dinero para gastar que en 2021. El paquete de ingresos 2022 ya está listo y ha sido aprobado por los legisladores de ambas cámaras por mayoría y sin mayores contratiempos.
Para el actual ejercicio fiscal 2021, la ley de ingresos estimó recursos por la cantidad de $6,295,736.2 billones de pesos; mientras que para 2022 se estiman ingresos por la cantidad de $ 7,088,250 billones de pesos; por otra parte, se estima que nuestra economía crecerá 3.4 por ciento el próximo año y 6.3 por ciento en el actual 2021, según lo estima la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); es decir, se proyecta un año 2022 con estabilidad económica y, sin embargo, falta la segunda parte que, en lo personal, es la que más preocupa: el proyecto de egresos.
Y es que el gobierno actual, cien por ciento congruente con su discurso de orientar el gasto público hacia los más desprotegidos, ha caído en los excesos de dilapidar el dinero en programas sociales cuyos resultados no quedan muy claros en cuanto a su beneficio y que tal vez debieran repensarse en cuanto a su implementación y reglas de operación.
Sigo pensando por experiencia personal que las becas para estudiantes deben llegar a quienes en verdad lo necesitan, en este rubro no cabe la palabra igualdad ni justicia histórica, pues ciertamente hay muchos estudiantes que no necesitan el dinero de esta beca y al recibirla la usan en todo, menos en cuestiones inherentes a sus estudios. El tener mucho dinero público no debe ser sinónimo de derroche ni en beneficio de unos cuantos ni en beneficio de muchos en razón de justicia social. Un claro ejemplo y con cifras es la auditoría realizada al programa de jóvenes construyendo el futuro, programa que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidenció otorgamiento de becas a Servidores de la Nación, centros de trabajo «fantasma» y bases de datos poco confiables que repercutieron en el padrón de beneficiarios; en otras palabras, los requisitos para acceder a este tipo de apoyos fueron demasiado laxos y no hay mediciones para determinar la efectividad del programa en cuanto a empleabilidad e inclusión en el mercado laboral para los jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, que recibieron las capacitaciones acompañadas de beca.
Habrá que esperar entonces a que llegue noviembre para que los legisladores a más tardar el día 15 determinen en qué se gastaran esos billones de pesos. Comulgo con la idea de reorientar el gasto a grupos desprotegidos en lugar de verlo desaparecer en estafas maestras, sin embargo a este gobierno le falta afinar sus programas para aplicarlos de manera más eficiente y que realmente tengan impacto en mejorar la vida de los más desprotegidos y establecer instrumentos claros de medición o métricas, para dejar en claro cuáles programas deben continuar, mejorar o desaparecer en aras de finanzas sanas en un contexto mundial de constantes vaivenes que exigen prudencia de quienes toman las decisiones en este país.
2021: impuestos $3,533,031.1
2022: $3,944,520.60.
