SCJN, garante de la libertad de expresión

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José C. Serrano Cuevas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio la razón el miércoles 16 de marzo al periodista y académico Sergio Aguayo Quezada, en su pleito con el político coahuilense Humberto Moreira Valdés. El fallo cancela una condena de un juez civil que hace un par de años ordenó a Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos a Moreira por daño moral.

La sentencia del miércoles 16, que cierra definitivamente el caso con el voto unánime de la primera sala de la Corte, confirma que las opiniones de Aguayo están amparadas por la Constitución, una garantía reforzada, además, por tratarse de una figura pública y de hechos probados y verificables. 

Sergio Aguayo Quezada es originario del estado de Jalisco, frisa los 74 años de edad. En 1971 llegó a la Ciudad de México a estudiar la licenciatura en relaciones internacionales en el Colegio de México (Colmex); es maestro y doctor por la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos.

Sergio Aguayo Quezada y humberto Moreira Valdés

Ha sido docente en diversas universidades de México, Estados Unidos y Europa. Entre 2014 y 2015 impartió un curso sobre «Violencia en la Cuenca del Caribe», en la Universidad de Harvard. En marzo de 2015 recibió el nombramiento de profesor visitante de dicha universidad.

Ha escrito decenas de libros y artículos académicos. Su texto más reciente es De Tlatelolco a Ayotzinapa. Las violencias del Estado. También es autor de El México de la sociedad organizada. Los poderes fácticos y Enrique Peña Nieto. 

El académico y analista político, durante seis años tuvo puestas sus esperanzas en una resolución de la SCJN que diera fin a lo que ha considerado como una «pesadilla», un largo proceso judicial promovido por el profesor normalista y político Humberto Moreira Valdés, expresidente municipal de Saltillo, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien lo señaló de dañar su honor en una columna periodística.

El máximo tribunal mexicano admitió en enero de 2020 revisar una sentencia de un juez civil que, en segunda instancia, condenó al también periodista a pagar 10 millones de pesos a Moreira, tras considerar que había fundadas sospechas de que existía un atropello del derecho de expresión en el fallo judicial.

El infierno que Aguayo -académico con 50 años de trayectoria- comenzó en julio de 2016, cuando Moreira lo demandó por daños morales tras la publicación de una columna en el diario Reforma, en la que denunciaba la pasividad de las autoridades mexicanas ante el combate al lavado de dinero y la malversación de recursos públicos.

Aguayo escribió: «Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana». Hacía referencia a la falta de determinación del gobierno local para investigar y esclarecer las muertes y desapariciones perpetradas por el grupo criminal Los Zetas, que controló amplios sectores de la entidad e impuso una época de horror sin precedentes en Coahuila.

La cruzada de Aguayo ha tenido el respaldo de amplios sectores de la sociedad mexicana, incluyendo a políticos como el senador Germán Martínez Cázares, quien presentó ante la SCJN un Amicus curiae (aportes de terceros ajenos a la disputa, que contienen argumentos que pueden servir como elementos de juicio favorables al demandado).

El legislador esperaba que con un fallo a favor del columnista, el máximo tribunal de justicia siente un precedente para futuros litigios contra periodistas y medios que desvelan casos de corrupción. Añadió el senador Martínez Cázares: «El impacto negativo que tiene la intimidación hacia la libertad de expresión la cometen quienes realizan ilícitos y necesitan la secrecía y la complicidad para actuar».

Al final de esta odisea la SCJN falló en favor de la libertad de expresión y de la investigación periodística. Moreira, además de la penosa derrota, ha sido condenado al pago de las costas judiciales.