José C. Serrano Cuevas.
Del viernes 18 al domingo 20 de marzo de 2011 ocurrió una masacre en el municipio de Allende, Coahuila; una ciudad pequeña con apenas 20 mil habitantes.
Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fechados los días 20 y 28 de marzo de 2011, revelan que los comandantes de la Sexta Zona Militar con sede en Saltillo, Coahuila y de la Guarnición Militar de Piedras Negras, Coahuila, al mando de los generales Dagoberto Espinosa Rodríguez y Luis Cresencio Sandoval González, respectivamente, fueron informados de los secuestros y asesinatos masivos cometidos por los Zetas en el municipio de Allende.
La noticia fue publicada por el semanario Proceso en un reportaje firmado por Juan Alberto Cedillo, en el que señala que los hechos en los que murieron más de 300 personas fueron reportados por los familiares de las víctimas al 14 Regimiento de Caballería, que a su vez los notificó a las ya aludidas Sexta Zona Militar y a la Guarnición de Piedras Negras. No obstante, «pese a la gravedad de los sucesos los militares no actuaron, al igual que los gobiernos estatal y federal guardaron silencio».
La documentación fue obtenida por la organización National Security Archive (NSA) con sede en Washington, que se dedica a la desclasificación de archivos de seguridad en el mundo, particularmente en Estados Unidos.
Tres unidades del Ejército salieron a verificar la denuncia y, a su regreso, reportaron la existencia de viviendas saqueadas, ranchos quemados y abandonados, múltiples casquillos percutidos, así como vehículos incendiados. Una copia de este reporte fue enviado al general Dagoberto Espinosa Rodríguez, jefe de la Sexta Zona Militar y al general Luis Cresencio Sandoval González, jefe de la Guarnición Militar de Piedras Negras.
«De acuerdo con el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, el actual titular de la Sedena era también responsable de la prisión de Piedras Negras, donde los integrantes de los Zetas incineraron cadáveres de sus víctimas», dice el reportaje.
En marzo de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), al gobierno de Coahuila, a la Fiscalía General del Estado y al presidente municipal de Allende, para que investigaran las violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos.
«La gente corría a la garita, buscando protección del cuartel militar, ubicado a no más de dos kilómetros de distancia, pero los soldados respondían que no tenían instrucciones de intervenir y se replegaron, y también se tuvo que replegar la gente que iba en pedido de ayuda».
Ante el cúmulo de información desplegado por la fallida actuación de los militares aludidos y sus tropas, el general secretario de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González, ha sido enfático al afirmar que, «en ese momento no actuaron porque no tenían el marco legal para intervenir y las autoridades locales no les llamaron para cooperar».
¡Vaya cinismo el del divisionario!
La ciudadanía de este país espera que se haga justicia en el penoso caso del municipio de Allende, Coahuila, no obstante la casi nula credibilidad en el aparato judicial mexicano. También aguarda a que con las reformas aprobadas en el Congreso de la Unión, la Guardia Nacional subordinada a la Sedena no se repliegue y haga frente a los embates del crimen organizado.
