Samuel Cepeda Tovar.
Se trata de un tema bastante complicado, pero con raíces fáciles de entender, se trata de una iniciativa de reforma constitucional que ha provocado pánico entre expertos y conocedores de derecho constitucional; y es que la propuesta por parte de Morena y aliados era, al parecer y en un inicio, eliminar las impugnaciones a las reformas constitucionales aprobadas por ambas cámaras legislativas.
Cualquiera pudiera suponer que el pueblo se encuentra definitivamente representado por diputados y senadores y que lo que ellos aprueben, según el sistema representativo, es en beneficio del pueblo; sin embargo, y a sabiendas que esto no siempre es así, la teoría de los pesos y contrapesos plantean la existencia de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) para contenerse el uno al otro en caso de posibles excesos en el abuso del poder de cualquiera de estos tres, y los amparos y controversias constitucionales son los mecanismos que se pueden interponer para evitar abusos de poder o intransigencias constitucionales.
Por ello a pesar de que ambas cámaras aprobaron la iniciativa enviada por el poder ejecutivo en materia judicial, el sistema contempla la posibilidad de que se pueda suspender la reforma judicial cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -que se supone debe proteger nuestra constitución- considera que la reforma atenta contra el espíritu de nuestra constitución.
Ésta es entonces la parte complicada, que ahora pretende ser reformada porque el oficialismo defiende el artículo 61 constitucional que señala que no se pueden impugnar reformas constitucionales en materia electoral, y la reforma judicial lleva una clara tendencia electoral al proponer la elección de jueces, ministros y magistrados por elección popular; y evidentemente están en lo cierto, a pesar del poder de revisión que tiene la SCJN sobre la constitucionalidad de las reformas que se le hagan a nuestra carta magna. Parece que ambos poderes tienen razón.
Pero ahora vamos a las raíces y estas son simples, pues se trata de una resistencia tan pusilánime de miembros de un poder que se han acostumbrado a obtener puestos por métodos ya convencionales como el amiguismo, compadrazgo, influyentismo y otros males que han hecho de la impartición de justicia en este país un tema de urgente cambio y necesidad, además de que nuestra constitución no es texto sagrado religioso que no puede recibir una sola modificación, sino precisamente un compendio legal con leyes que irremediablemente deben irse modificando y adaptando a nuevos contextos que den solución a demandas sociales y la demanda social por mayoría, es decir, democráticamente en estos momentos es la reforma judicial aprobada recientemente.
Hasta el momento, Morena y aliados han reorientado sus esfuerzos y solo quieren reformar la constitución por única ocasión, para que la reforma judicial pueda pasar ya sin problema y sin artilugios legales usados por el mismo poder judicial en su intento por mantener extrañamente vigente un sistema ya desfasado, anquilosado, inservible, pero bastante redituable para quienes han vivido de ese poder durante muchos años.
