J. Jesús Santos González.
En una más de las graves crisis constitucionales en que se ha visto involucrado el desarrollo y proceso de la llamada Reforma Judicial, los 5 integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, en escrito fechado el 27 del mes y año en curso, dirigido al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentaron su renuncia inmediata e irrevocable bajo el argumento de la imposibilidad jurídica de continuar con el proceso encomendado a dicho órgano colegiado “al considerar inviable la tarea constitucional de seleccionar a los mejores perfiles atendiendo a todo momento las distintas decisiones jurisdiccionales”.
Dicha renuncia tuvo como antecedente la autorización que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorgó ese mismo día en favor del Senado de la República, para sustituir a dicho comité en la insaculación de 1050 interesados registrados como elegibles, para acudir a las entrevistas a fin de contender como candidatos a los cargos de Ministros y Ministras de la Suprema Corte de la Nación, Magistrados y Magistradas de los Tribunales Colegiados del Circuito, Jueces y Juezas de Distrito en las elecciones programadas para este próximo primero de junio; con la salvedad que la autorización a dicho órgano senatorial para llevar a cabo la mencionada insaculación, además de realizarla a través de una tómbola, en ella se omitió la etapa de idoneidad, misma que los comités de evaluación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, si atendieron, respetaron y llevaron a cabo.
Dicha confrontación entre dos órganos colegiados del mismo Poder de la Federación, esto es su comité de evaluación y Tribunal Electoral, surgió cuando el primero de ellos se negó a acatar lo ordenado por el segundo, de continuar con la secuela de seleccionar los mejores perfiles de los candidatos, en virtud de diversas sentencias dictadas en varios juicios de amparo por jueces de distrito entre ellos los de los circuitos de Jalisco y Michoacán, resoluciones jurisdiccionales en las cuales se ordenó la paralización de dicho proceso de selección hasta que el Pleno de nuestro Máximo Tribunal Judicial del País se pronuncie sobre la continuación o no de dicho proceso, situación que hasta la fecha no ha acontecido.
Ante tal negativa, el Trife por conducto de la Magistrada Mónica Soto de la Sala Superior, el pasado viernes 24 del mes en curso, propuso ante el incumplimiento del Comité de Evaluación de llevar a cabo tal selección, que fuera el Senado de la República quién asumiera tal función.
Sin embargo, el desaseo procesal de desatender lo dispuesto al respecto por la Constitución General de la República en vigor a partir del 16 de septiembre pasado y las normas reglamentarias dictadas en tal sentido, surgen cuando ante la premura del tiempo del ya próximo 4 de febrero para que el Senado de la República pueda remitir los listados de ternas y duplas al Pleno de la Suprema Corte de la Nación para ser aprobados el 6 de febrero, orilló también a que en la autorización otorgada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en favor del Senado de la República, este no realice el procedimiento de “evaluar la idoneidad de las personas aspirantes” que es la fase en la que se encontraba el Comité de Evaluación, autorización que viola así una de las reglas esenciales del procedimiento electivo, al desatender con ello los principios de igualdad, equidad, seguridad y certeza jurídica, y por ende, el debido respeto a dicho proceso eleccionario.
La omisión de tal requisito traerá en consecuencia que los aspirantes que no sean favorecidos el próximo viernes 31 por la insaculación mediante la ya famosa tómbola de Gerardo Fernández Noroña, -quién por cierto con ironía prometió que en esta ocasión a los insaculadores no se les caerían las pelotitas como sí ocurrió en el acto de igual naturaleza celebrado el pasado 2 de octubre,- podrán invocar la falta de legitimación de los que si resulten favorecidos con este acto circense, y evidenciar así una vez más que la propuesta de esta reforma judicial que el próximo 5 de febrero cumplirá un año de haber sido planteada ante la Cámara de Diputados por el anterior titular del Poder Ejecutivo, a estas alturas del tiempo transcurrido desde que entró en vigor la reforma constitucional que destruyó los cimientos de nuestro estado de derecho, dentro del Poder Judicial de la Federación no hay ni existe todavía, consenso para llevarla a feliz término.
