La Fiscalía General de la República ha desempolvado el caso Pegasus con una nueva investigación —esta vez centrada en una jueza bajo sospecha. El tema revive un capítulo oscuro de espionaje digital que viene desde finales de 2023, marcando un giro intrigante que merece nuestra atención.
Desde su primera aparición —cuando se confirmó el espionaje con Pegasus al celular de Carmen Aristegui entre 2015 y 2016— quedó claro que ese no era un incidente aislado: se trataba de un ataque sistemático de vigilancia contra periodistas y defensores de derechos humanos.
El testigo protegido «Zeus» no solo detalló la intervención contra Aristegui, sino también aseguró que hubo apuntes directos a altos poderosos, empresarios y funcionarios (como Slim y Larrea) durante el sexenio de Peña Nieto.
A pesar de estas revelaciones, la respuesta institucional fue tibia. En enero de 2024, un juez absolvió a Juan Carlos García Rivera —considerado el único operador acusado— debido a que la Fiscalía no pudo demostrar su participación directa, aunque reconoció que el espionaje efectivamente ocurrió.
La investigación se estancó, sin otros acusados reales. Y mientras tanto, organizaciones como R3D, Artículo 19 y SocialTIC han documentado nuevos ataques, como el del Centro Prodh en 2023, y no han visto ningún avance judicial importante.
Aquí es donde entra la jueza: la FGR ha reavivado la chispa investigadora y ahora insiste en ampliar la pesquisa. No está claro si se trata de algo relevante, o de un movimiento que busca apuntar a un blanco fácil para demostrar acción y legitimidad. Lo cierto es que la reactivación provoca más preguntas que respuestas: ¿se está investigando a fondo a pactadores, a altos mandos, a quienes autorizaron esos contratos? ¿O sólo se persiguen figuras intermedias para simular justicia?
Otro foco caliente sigue siendo la transparencia. En 2023, la SCJN ordenó que Hacienda entregue información de la UIF sobre Pegasus —una victoria para la rendición de cuentas que aún no se traduce en hechos concretos. En paralelo, en Estados Unidos, Meta consiguió que NSO –creadora de Pegasus– pague 168 millones de dólares por violar WhatsApp, en un veredicto histórico que expone la magnitud global del abuso, y pone presión pública también sobre México.
👉 Lo que no podemos perder de vista: Pegasus no ha muerto. Su uso como herramienta de control político y económico en México sigue latente. Si bien ahora se investigue a una jueza, lo esencial sería que se enfrenten los poderes reales detrás: gobiernos, contratos millonarios, decisiones secretas. Si no, corremos el riesgo de repetir la novela: investigación mandarín, detenciones simbólicas, y al final, ninguna estructura corregida.
En mi opinión, esta reactivación es un paso —tal vez —, pero insuficiente si no va acompañada de transparencia real, sanciones ejemplares y un compromiso público con la defensa irrestricta de derechos digitales. Sin eso, Pegasus seguirá acechando desde las sombras del poder.
