Desde hace años, la Subsecretaría de Transporte y Movilidad de Coahuila se ha convertido en un espacio donde reina la corrupción institucionalizada.
Una dependencia donde los trámites, permisos y concesiones no se obtienen por mérito, ni por cumplir con los requisitos legales, sino a través del soborno. Son los trabajadores de la propia oficina, quienes así lo afirman y describen una cultura de moches que ha contaminado cada rincón del sistema.
El ejemplo más vergonzoso de esta omisión deliberada por parte del Estado es la ruta intermunicipal Saltillo-Ramos Arizpe, un servicio de transporte público que debería conectar con eficiencia a dos de las ciudades más dinámicas de la región, pero que hoy opera con impunidad, desorden y total falta de supervisión.
La responsabilidad política de este desastre tiene nombre: Rodolfo Navarro Herrada, quien fue nombrado subsecretario el 1 de marzo de 2019 por el entonces gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.
Durante su gestión, no solo se toleraron irregularidades, sino que se protegió descaradamente a los concesionarios de esta ruta, a cambio de “apoyos económicos”. El resultado fue una red de complicidades que blindó a los transportistas y abandonó a los usuarios a su suerte.
Terminó el periodo de Navarro sin rendición de cuentas y con un enriquecimiento sospechoso, y en su lugar llegó Simón Gutiérrez Pérez, exdiputado y exfuncionario de comunicación, quien hasta ahora ha replicado las mismas prácticas de encubrimiento, o incluso las ha agravado.
Mientras tanto, la ruta Saltillo-Ramos sigue acumulando accidentes, que van desde choques múltiples hasta fallas mecánicas inaceptables. El más reciente, ocurrido hace unas semanas, dejó un saldo de 42 personas lesionadas. La respuesta de la Subsecretaría: una multita irrisoria de 30 mil pesos al chofer responsable, pese a que los peritajes confirmaron que conducía a exceso de velocidad y en una unidad con fallas graves.
¿Cómo es posible que una de las rutas más rentables del estado, que transporta a diario a 28 mil usuarios, opere en condiciones tan deplorables? Las unidades carecen de mantenimiento, circulan sin placas, los choferes son señalados por consumo de drogas en servicio, maltratan a los pasajeros, incumplen rutas y hacen esperar a los usuarios bajo el sol o la lluvia.
Los empresarios, comerciantes y usuarios están hartos. Y con justa razón. La Cámara Nacional de Comercio de Saltillo ya ha calificado como una burla las sanciones simbólicas que aplica la Subsecretaría.
Organismos empresariales de ambas ciudades han denunciado públicamente el pésimo servicio, mientras los estudiantes y trabajadores siguen arriesgando su seguridad todos los días.
El caso del 14 de marzo, cuando una unidad perdió las llantas traseras en pleno bulevar Miguel Ramos Arizpe, fue la señal de alerta definitiva: una flota vehicular en estado crítico, sin inversión y sin vigilancia estatal.
Pero nada cambia. ¿Por qué? Porque la corrupción sigue viva en la Subsecretaría, disfrazada de trámites, de multas simbólicas, de discursos vacíos. Porque mientras el transporte público debería ser un derecho y una herramienta para el desarrollo social, en Coahuila es simplemente otro negocio más para enriquecer a unos cuantos a costa del bienestar colectivo.
Es urgente una auditoría independiente, una renovación completa de la flota y sobre todo, una limpieza profunda en la Subsecretaría de Transporte y Movilidad. Los ciudadanos no pueden seguir pagando con su tiempo, su dinero y su integridad física, los costos de una institución que ha perdido su rumbo.
