La pobreza laboral en México volvió a mostrar un retroceso preocupante. En el segundo trimestre de 2025, el 35.1 % de la población no pudo adquirir la canasta básica alimentaria con su ingreso laboral. Esto significa que más de 45 millones de personas trabajan, pero no logran cubrir sus necesidades más elementales. El aumento respecto al trimestre anterior refleja la fragilidad de un mercado laboral que, pese a incrementos en el salario mínimo y apoyos sociales, no consigue garantizar bienestar.
La desigualdad se manifiesta con crudeza en las zonas rurales, donde la pobreza laboral alcanza casi la mitad de la población, en contraste con un 30 % en las áreas urbanas. Esta brecha territorial confirma que los rezagos históricos del sur del país siguen siendo una deuda pendiente: Chiapas, Oaxaca y Guerrero se mantienen con los niveles más altos, superando el 55 %, mientras que estados como Baja California Sur, Quintana Roo y Baja California exhiben los porcentajes más bajos. La disparidad regional muestra un México dividido entre la precariedad y la relativa estabilidad.
Otro factor alarmante es la desigualdad de género. Aunque las mujeres participan de manera creciente en la economía, sus ingresos siguen siendo 20 % menores en promedio frente a los hombres. Además, ellas enfrentan un mayor riesgo de caer en pobreza laboral, lo que refleja no solo una brecha salarial persistente, sino también barreras estructurales en el acceso a empleos de calidad. Este rezago evidencia que la equidad de género no puede limitarse al discurso, sino convertirse en un eje real de la política laboral.
La informalidad laboral, que alcanza al 54.8 % de la población ocupada, constituye el otro gran obstáculo. Más de la mitad de las personas en México trabajan sin seguridad social ni estabilidad, lo que perpetúa la pobreza intergeneracional. Este fenómeno, lejos de ser coyuntural, responde a la falta de incentivos para formalizar el empleo y a la incapacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas en sectores productivos clave.
Pese a que entre 2022 y 2024 se redujo la pobreza gracias al aumento del salario mínimo y a programas sociales, la realidad es que la movilidad social sigue prácticamente estancada. Para millones de mexicanos, nacer en pobreza laboral significa permanecer en ella a lo largo de la vida, lo que genera un círculo vicioso de exclusión y desigualdad.
El aumento reciente de la pobreza laboral debe interpretarse como una advertencia política. No se trata solo de estadísticas, sino de la confirmación de que los esfuerzos actuales son insuficientes. Urge un rediseño profundo de la estrategia económica y social: incentivar la formalización, mejorar los salarios reales, impulsar la productividad regional y garantizar igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Sin estas acciones, la recuperación seguirá siendo frágil y desigual.
En conclusión, el país enfrenta un desafío estructural que no puede postergarse. La pobreza laboral no es únicamente un problema económico, sino una cuestión de justicia social y estabilidad política. Mientras millones de trabajadores sigan atrapados en la precariedad, México continuará arrastrando una deuda histórica con su gente.
