La reciente aparición del exsecretario mexicano Luis Videgaray como cofundador de una empresa de inteligencia artificial —Brain Co., con sede en Silicon Valley— marca un punto de inflexión en su trayectoria política y profesional. Más allá de un simple giro hacia el sector tecnológico, su incursión plantea interrogantes sobre alianzas transnacionales, capitales simbólicos y potenciales efectos sobre el poder blando de México en el entramado global.
La empresa fue presentada formalmente en septiembre de 2025 tras concretar una ronda Serie A de 30 millones de dólares. Sus promotores: Videgaray, Jared Kushner —yerno del expresidente Donald Trump— y el inversionista tecnológico Elad Gil. Según los escasos datos disponibles, Brain Co. aspira a funcionar como un “puente” entre el talento puntero de Silicon Valley y las necesidades tecnológicas de grandes corporaciones y gobiernos, combinando consultoría e implementación de soluciones de inteligencia artificial. Ya afirma contar con clientes del Global 2000, incluyendo empresas en diversos sectores como salud, energía, hotelería, construcción y agencias gubernamentales. La compañía también ha anunciado una alianza estratégica con OpenAI.
Esta nueva etapa de Videgaray despierta suspicacias por múltiples razones. En primer lugar, es imposible desvincularla de su pasado político: su cercanía con Kushner data de 2016, cuando ambos mantuvieron vínculos durante la campaña presidencial de Trump y en negociaciones del entonces renovado tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Esa conexión fue polémica desde el inicio y generó cuestionamientos en México acerca de agendas cruzadas y confianza nacional. La participación de Videgaray en este proyecto tecnológico, con un socio con tan marcada proyección política, puede alimentar la percepción de viejas conflagraciones de intereses entre lo empresarial y lo diplomático.
Por otro lado, la entrada de un exfuncionario mexicano al corazón de la innovación en Estados Unidos aporta una dimensión simbólica potente. En un momento en que la carrera por la supremacía en inteligencia artificial se vuelve un eje estratégico en las políticas de Estado, la figura de Videgaray tiende un puente, real o simbólico, entre México y el ecosistema de innovación global. Esta posición puede jugar en dos direcciones: como un activo de diplomacia tecnológica o como una fuente de críticas por posible subordinación o dependencia.
En el plano práctico, varias dudas siguen abiertas. No se conoce con precisión qué porcentaje de participación le corresponde, cuál será su implicación operativa ni cómo se medirá el impacto local de las actividades de Brain Co. Tampoco está claro el grado de transparencia de los contratos con gobiernos u organismos públicos, ni cómo se mitigarán los riesgos inherentes al manejo de algoritmos en temas sensibles como salud, justicia o seguridad. En un país donde la regulación sobre inteligencia artificial aún está en ciernes, cualquier vínculo de este tipo merece vigilancia ciudadana rigurosa.
Además, la apuesta por tecnología de punta y alianzas con gigantes del capital tecnológico coloca a Brain Co. en una posición incómoda: su éxito dependerá de que traduzca innovación en legitimidad y no en simple espectáculo de marketing político-tecnológico. Si bien la combinación de redes políticas y capital intelectual puede ser una ventaja competitiva, también acarrea la exigencia de proveer resultados tangibles y socialmente responsables.
Finalmente, este episodio viene a confirmar que en el mundo contemporáneo la política y la tecnología ya no son dominios separados. La nueva generación de elites políticas no solo gestionará congresos o agendas diplomáticas, sino que también puede pretender liderar —con sus redes— proyectos de alto valor estratégico tecnológico. Mientras ciertos sectores ven con recelo esa convergencia, otros la celebrarán como una evolución necesaria para que México deje de ser espectador y se convierta en actor en la era de la inteligencia artificial. La forma en que se articule este proyecto —con transparencia, orientación pública y ética— definirá si la jugada es astuta o riesgosa.
