El nombre de Francisco Garduño Yáñez vuelve a resonar en el debate público mexicano en un contexto crítico: está obligado por mandato judicial a ofrecer una disculpa pública por la muerte de 40 migrantes en un incendio dentro de una estación migratoria en Ciudad Juárez, pero su responsabilidad real sigue en la penumbra. Los hechos datan de la noche del 27 de marzo de 2023, cuando un operativo trasladó decenas de personas migrantes a instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Allí, durante una protesta, se incendiaron colchonetas, el fuego avanzó con rapidez, y muchas de las víctimas resultaron atrapadas sin salida ni auxilio oportuno. Las investigaciones posteriores revelaron múltiples omisiones institucionales: las puertas cerradas, la falta de evacuación, la demora del auxilio de bomberos locales, y una rutina de quejas acumuladas en el INM bajo su mando.
Garduño, quien fue comisionado del INM entre 2019 y 2025, enfrenta imputaciones por ejercicio ilícito del servicio público atribuidas a su omisión en supervisar y controlar las condiciones del instituto. Aun así, a diferencia de otros funcionarios implicados, él ha mantenido libertad. El mecanismo legal que lo favorece es la suspensión condicional del proceso penal, pactada bajo condiciones: ofrecer una disculpa pública, participar en capacitación sobre derechos humanos, realizar reparaciones del daño y asumir obligaciones de seguimiento. Pero el problema mayor es que esas condiciones no han sido cumplidas personalmente ni con el rigor que exigen las víctimas. Desde hace meses se han postergado fechas, se han intercambiado acuerdos burocráticos y se ha retrasado la acción más simbólica de todas: el encuentro cara a cara con las familias en Juárez.
Las organizaciones de derechos humanos han advertido que esa disculpa no debe interpretarse como un acto redentor ni como clausura del caso. Si bien es simbólicamente relevante —será la primera vez que Garduño se dirige públicamente a los sobrevivientes y familiares— no sustituye la exigencia de verdad, sanción y reparación con responsabilidad personal. El defensor Emilio Álvarez Icaza ha calificado el acto como un acto de cinismo: “no se puede limpiar un crimen de Estado con un acto público”. La lógica del pacto condiciona la impunidad cuando el Estado puede lavar culpas con rituales públicos mientras las consecuencias legales se diluyen.
El juicio que rodea a Garduño ha sido criticado por su rapidez y superficialidad. Desde el inicio se le imputó un delito leve, a pesar de que la Fiscalía General de la República reconoció que existía un patrón reiterado de irresponsabilidad y omisiones en el INM que contribuyó directamente a la tragedia. La investigación fue catalogada por defensores de derechos humanos como “investigación fast track”: escasa profundización, manejo selectivo de evidencias y ausencia de exploración en el contexto institucional más amplio. En este entorno, Garduño gozó de condiciones singulares: procesos suspendidos, beneficios procesales, posibilidad de firmar en lugares distintos al juzgado de Juárez, e incluso la entrega de sus audiencias y comparecencias financiadas con fondos públicos o viáticos institucionales. De hecho, se ha reportado que durante 2023 y 2024, los gastos de viaje al norte del país para atender audiencias o compromisos relacionados con su proceso fueron cubiertos por recursos del INM, lo cual amplifica la sensación de blindaje institucional.
Que Garduño haya dejado el INM sin enfrentar consecuencias efectivas —más allá de esta “obligación simbólica”— representa una falla política de primer orden. En abril de 2025 renunció o fue removido del cargo, pero lo hizo bajo una sombra de impunidad: ya contaba con medidas judiciales favorables que neutralizaban el riesgo de sanciones más severas. Su salida fue interpretada por familiares y organizaciones como un desenlace ordenado: el funcionario ya no necesitaba la protección inherente al poder. De hecho, cuando fue nombrado su sucesor no abandonó inmediatamente su oficina; siguió presentándose, arguyendo respaldo del Gobierno federal. Esto sugiere que su blindaje no dependió solo del proceso judicial, sino de redes políticas profundas que continuaron sosteniéndolo incluso más allá de su mandato formal.
La impunidad estructural se alimenta así: un funcionario acusado admite públicamente un dolor ajeno, accede a gestos simbólicos, pero conserva su libertad, su prestigio y evita la reprobación plena. En México, donde los crímenes institucionales contra migrantes exigen responsabilidad estatal ampliada, estos casos constituyen un termómetro de la fuerza del Estado de derecho. Si términos como “disculpa pública” se transforman en válvulas de escape para que los responsables no paguen, la memoria colectiva pierde su poder y las víctimas siguen aguardando justicia. En este escenario, la verdadera pregunta no es si Garduño ofrecerá una disculpa, sino si ese gesto llevará a algo más: un juicio íntegro, sanciones en proporción del daño cometido y reformas institucionales que impidan tragedias como la de Juárez en el futuro.
