En la reciente Asamblea General de la ONU, México ha asumido una postura firme al rechazar la criminalización de los migrantes. El canciller Juan Ramón de la Fuente, al representar al país, sostuvo que las personas que migran lo hacen muchas veces como respuesta a condiciones de injusticia, pobreza o violencia, y defendió que “los migrantes son personas con derechos que cuidan de sus familias y contribuyen con su esfuerzo a enriquecer y fortalecer sus comunidades de acogida.” Este discurso, en nombre del nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, convoca a repensar cómo los Estados interpretan y regulan el fenómeno migratorio, pero también deja al descubierto tensiones estructurales y desafíos internacionales que México –como otros países del hemisferio– debe enfrentar con coherencia.
El gesto diplomático no es menor. En un contexto global donde la retórica securitaria y la criminalización de la migración han ganado terreno —se etiquetan como delitos actos que van del cruce irregular a la asistencia humanitaria—, la intervención mexicana busca reafirmar que la migración no es un crimen ni una anomalía.
Sin embargo, las palabras no bastan si no se traducen en políticas nacionales que sitúen la dignidad y los derechos humanos en el centro. México no puede quedar atrapado en un discurso ético ante la comunidad internacional mientras sus prácticas migratorias internas siguen atadas a criterios de control, expulsión o incluso complicidad con agendas externas. Aquí algunas dimensiones que vale subrayar:
Primero, la criminalización de la migración funciona como estrategia disuasoria, un amparo ideológico que legitima la persecución, encarcelamiento o deportación de quienes buscan cruzar por rutas vulnerables o carecen de documentos. Lo vemos en tratados migratorios bilaterales o presiones hacia países del sur para que actúen como “filtros regresivos”. En México mismo se operan esquemas como el Programa Frontera Sur, que estrechan el paso desde Centroamérica con criterios de vigilancia y expulsión, operando de hecho como una barrera selectiva. Esa dualidad —decir que se defiende al migrante pero aplicar políticas restrictivas— diluye la credibilidad del gobierno mexicano en su discurso ante foros internacionales.
Segundo, hay que evaluar el impacto estructural de la violencia, la desigualdad y el cambio climático como causas profundas de la migración. Estudios recientes muestran que los municipios con mayores tasas de homicidio o presencia del crimen organizado tienden no solo a expulsar población hacia otras regiones del país, sino también a desincentivar retornos y migraciones internacionales estudiadas bajo redes de movilidad más seguras. Cuando la migración se criminaliza, se invisibilizan esas causas estructurales y, worst case, se estigmatiza a las víctimas como delincuentes, no como protagonistas de una crisis sistémica.
Tercero, en el ámbito internacional se libra una lucha simbólica clave: quién define las reglas del juego migratorio, quién tiene voz en organismos que estructuran el derecho global y quiénes están obligados a respetar los mandatos de protección. Al rechazar la criminalización en la ONU, México no solo exige mejor trato sino que aspira a posicionarse como un actor que pretende reformar la gobernanza global de la migración. Pero para que esa aspiración tenga peso real, debe sostenerse en un sistema interno que rompa con incentivos a la represión de la movilidad humana.
Hay también una tensión política interna ineludible: la lógica de control migratorio suele responder a presiones externas (como compromisos con Estados Unidos) o a agendas mediáticas que demandan “mano dura”. Rechazar la criminalización no puede ser un gesto aislado; representa un punto de inflexión ante la lógica de dependencia que ha marcado la política migratoria mexicana, muchas veces subordinada a intereses de potencias vecinas o a agendas de seguridad regional. Que México denuncie bloqueos económicos, sanciones o represalias diplomáticas —como lo hizo el canciller al cuestionar los bloqueos comerciales o los vetos económicos— fortalece su discurso de soberanía moral, pero solo tiene sentido si no termina subordinado a mecanismos migratorios diseñados por otros.
Finalmente, defender que “no habrá duda: México cuidará a sus connacionales en el exterior” no puede limitarse a proteger mexicanos deportados; debe extenderse en un reconocimiento más amplio de que los migrantes —mexicanos o no— merecen protección, acceso a derechos y no ser tratados como amenaza. México tiene una historia migratoria compleja y una posición geográfica crítica, de tránsito y destino: eso le exige liderazgo, no oportunismo discursivo.
Porque cuando un Estado empieza a trazar líneas entre “migrante legítimo” y “migrante culpable”, se avanza peligrosamente hacia la erosión del derecho humanitario. Si México quiere aportar al cambio global, no basta con palabras ante la ONU: debe articular una política migratoria genuina, emancipadora, soberana y coherente con lo que proclama en los organismos internacionales.
