El pasado 3 de octubre, la aparente normalidad de Culiacán se vio sacudida por un episodio que trasciende lo criminal para colisionar con lo político: el secuestro de un agente de la Policía Estatal Preventiva, identificado como Jesús Alexander “Chuy”, asignado al círculo de protección de la familia del gobernador Rubén Rocha Moya. El operativo de rescate derivó en un enfrentamiento donde una persona murió, tres resultaron heridas y el agente terminó falleciendo tras ser atendido más de nueve horas en un hospital.
Los primeros reportes ubicaron el momento del levantamiento dentro del fraccionamiento Villa Bonita, sur de la ciudad, mientras el agente se encontraba en día de descanso. Luego de activarse el Código Rojo, fuerzas conjuntas estatales, militares y de la Fiscalía localizaron el vehículo en que lo trasladaban y emprendieron persecución por la avenida Álvaro Obregón, extendiéndose hasta el libramiento La Costerita. En el intercambio de disparos se aseguró arsenal, equipo táctico y un Toyota Corolla.
Aunque las autoridades oficiales han presentado al agente como parte de la escolta del hijo del gobernador, versiones periodísticas posteriores matizan esa versión: según fuentes, “Chuy” estaba adscrito a la Unidad Administrativa y no tenía asignación directa como escolta personal del hijo de Rocha Moya. Estas discrepancias muestran cómo en el terreno informativo se entrecruzan narrativas que pueden intentar suavizar o politizar los hechos.
Este episodio ocurre en medio de un contexto de alta violencia en Sinaloa, donde la llamada “narcoguerra” entre facciones del cártel local —como Los Chapitos y La Mayiza— ha recrudecido los ataques en zonas urbanas. En los últimos meses se han reportado agresiones dirigidas incluso a miembros del círculo cercano del gobernador, como un ataque previo a una camioneta donde viajaba su nieta.
Desde la óptica política, el secuestro y muerte de este elemento pone en evidencia varios factores de tensión institucional. Primero, cuestiona la narrativa oficial de que la seguridad en el estado está bajo control. Cuando los escudos institucionales caen, quienes están más visibles —y vulnerables— se convierten en blanco: la protección gubernamental deja de ser garante y pasa a ser símbolo de exposición. Segundo, revela el riesgo latente de que el crimen organizado no solo actúe en la oscuridad, sino que irrumpa los perímetros de poder. Que un agente ligado a la élite del gobierno estatal sea víctima directa sugiere que ningún espacio está exento en el tablero de violencia.
Además, el caso impone una exigencia de transparencia: las autoridades estatales y federales deben deslindar responsabilidades con rapidez, hacer públicas las líneas de investigación y enfrentarse al riesgo político que implica investigar actuaciones propias, sin que el ruido mediático distorsione el proceso. Los ciudadanos merecen claridad sobre quiénes ordenaron y ejecutaron este atentado, y cómo pudo burlar los protocolos de seguridad del gobernador.
Ante este episodio, el gobierno de Sinaloa tiene por delante un dilema político complejo: seguir proyectando resiliencia frente al crimen, o asumir que la inestabilidad está permeando incluso los ámbitos que deberían ser fortalezas. El secuestro y la muerte del agente alias “Chuy” dejan un claro mensaje: en esta fase del conflicto, la violencia no distingue estatus ni cercanía al poder. Sobre las ruinas de esa certeza, la cruda política local ve diluirse el mito de una gobernabilidad segura.
Con información de La Jornada
