La frase fue lapidaria y encendió una discusión que trasciende el mundo editorial: “un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo… no merece que lo mandemos a una sala comunitaria”, dijo Paco Ignacio Taibo II al defender que la selección de títulos se rija por “calidad” y no por “cuotas”. El director del Fondo de Cultura Económica (FCE) hablaba del proyecto para distribuir gratuitamente 2.5 millones de libros en 14 países; de 27 títulos anunciados, solo siete son de autoras. La afirmación y el desequilibrio de la lista detonaron críticas inmediatas por misoginia y por una visión reductiva de las políticas de equidad en el acceso a la cultura.
La controversia no es un episodio aislado ni un “exceso retórico” sin consecuencias: coloca bajo escrutinio el papel del Estado en la política cultural. Cuando un organismo público como el FCE financia y difunde contenidos con alcance regional, la pregunta no es si debe primar la calidad —eso es un presupuesto—, sino cómo se define, quién arbitra esa definición y cuáles son los criterios verificables para evitar sesgos históricos. La crítica de escritoras, académicas y editoras recordó, con razón, que la tradición latinoamericana ha invisibilizado autoras fundamentales; por eso, asumir que la corrección del sesgo equivale a “cuotas” mal entendidas revela un problema conceptual de origen.
El episodio también desnuda una tensión política: el gobierno federal ha posicionado un discurso de igualdad de género como eje de su narrativa pública; sin embargo, la curaduría presentada por el FCE reproduce una asimetría notoria. No se trata de forzar equilibrios aritméticos, sino de garantizar procedimientos que incluyan criterios de diversidad, revisión por pares y transparencia en la selección. De hecho, ante la presión pública, desde el propio espacio gubernamental se apuntó a impulsar una colección dedicada a mujeres, gesto reactivo que confirma que la arquitectura institucional carece de salvaguardas suficientes para prevenir estas brechas sin crisis mediática de por medio.
Atribuir el problema a “poemarios malos” es una coartada débil frente a un diagnóstico más incómodo: durante décadas, los catálogos canónicos —y los premios, mesas, presupuestos— han sido filtrados por estructuras de poder masculinas. El Estado, si pretende democratizar el acceso, debe corregir esos filtros con mecanismos de calidad robustos y al mismo tiempo inclusivos: convocatorias abiertas con bases claras; jurados rotativos con paridad y perfiles diversos; matrices de evaluación publicadas y auditables; informes de resultados y de derechos gestionados; y metas de diversidad que no se reduzcan a una cuota, sino que midan variedad de géneros, regiones, generaciones y editoriales. Lo contrario equivale a confundir “mérito” con “perpetuación de inercias”.
Por último, la repercusión en redes y en medios no es una anécdota: impacta la legitimidad del FCE y el valor simbólico del proyecto de distribución. En comunicación pública, el mensaje importa tanto como la obra: si la política cultural quiere formar nuevos públicos, la institución debe hablar el lenguaje de la pluralidad con hechos verificables. Taibo II puede sostener que no habrá “sectarismo” y que la calidad decide; pero en 2025 eso se demuestra con procesos y con resultados, no con descalificaciones que reeditan prejuicios. La discusión deja una lección clara: la “antipolítica de las cuotas” suele terminar siendo la coartada de una política de exclusiones.
