La Auditoría Superior de la Federación (ASF) colocó en el centro del debate a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la adquisición de carbón para las centrales Carbón II y José López Portillo, en Coahuila. El informe individual de la Cuenta Pública 2024 consigna 70,558,876.98 pesos como “pendientes por aclarar” —monto que no equivale todavía a daño resarcible, pero sí obliga a la empresa a justificar y, en su caso, recuperar—, en un sector histórica y políticamente sensible para la región carbonífera.
Más allá de la cifra, el documento de la ASF permite ver el trazo fino: en 2024 CFE Generación IV adquirió 2.05 millones de toneladas de carbón (universo de 3,151.2 mdp), de las cuales la muestra auditada fue 45.3% y se instrumentó mediante 80 contratos, con un bloque relevante adjudicado por invitación restringida y adjudicación directa (26 contratos en la muestra; 20 directos y 6 por invitación). Este patrón de contratación no es ilegal per se, pero sí eleva la exigencia de controles internos, trazabilidad y ejecución de garantías para evitar opacidad o discrecionalidad.
El hallazgo clave, subrayado por notas periodísticas con base en el mismo informe, es que la CFE habría omitido gestiones para ejecutar fianzas/seguros por retrasos e incumplimientos en entregas de carbón a las centrales de Nava. Dicho de otro modo: aun cuando existían garantías para proteger a la empresa pública ante entregas fuera de tiempo o incompletas, no se habrían hecho efectivas en los términos debidos, dejando recursos sin recuperar y explicando el monto observado. En este punto, el énfasis no está solo en un “qué pasó”, sino en el “por qué no se cobró a tiempo lo que contractualmente correspondía”.
La ASF también detectó normativa desactualizada (por ejemplo, el procedimiento de almacenamiento de carbón y lineamientos de almacenes e inventarios), e emitió recomendaciones para actualizar disposiciones internas. Son detalles técnicos, pero vitales: cuando la norma interna queda atrás de la operación real, se multiplican los riesgos de interpretación, de ejecución y de debilidad en la defensa jurídica de la empresa.
Políticamente, el caso toca fibras sensibles en tres planos. Primero, gobernanza corporativa: la CFE —ahora empresa pública del Estado— está obligada a blindar sus procesos de compra con reglas claras, ejecución de garantías y trazabilidad de los contratos, más cuando se trata de mercados locales con fuertes intereses. Segundo, confianza pública y “licencia social”: en regiones donde la compra de carbón activa empleos y presupuestos locales, cualquier desorden administrativo se percibe como captura o favoritismo. Tercero, sostenibilidad fiscal: dejar pasar la ejecución de garantías, aun por “solo” 70.6 millones, manda una señal equivocada en tiempos de estrechez presupuestal y mayor escrutinio sobre empresas estatales.
Conviene poner la cifra en contexto: en 2024, la compra de carbón de CFE en Coahuila movió miles de millones y docenas de proveedores; el monto observado es, proporcionalmente, un fragmento del total, pero no por ello menor. En auditoría pública, los pesos que no se explican con documentos y actos administrativos oportunos se convierten en riesgos de pérdida para el erario. Por eso, el seguimiento será clave: si CFE acredita con evidencias que las pólizas se ejecutaron o que hubo causas de fuerza mayor bien documentadas, la observación se solventa; si no, deberá recuperar recursos y, en su caso, fincar responsabilidades.
El expediente deja, además, una lección operativa: en mercados volátiles y politizados como el carbón térmico, no basta con anunciar licitaciones o adjudicaciones; importa medir entregas, calidad, pesos, plazos y penalidades, y cobrar cuando corresponde. Contra la narrativa de “todo fue conforme a la norma”, la ASF recuerda que los controles se prueban cobrando.
