La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que durante 2024, último año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se ejercieron de manera irregular más de 5,161 millones de pesos, cifra que coloca el cierre del sexenio bajo un nuevo cuestionamiento sobre la transparencia y eficiencia del gasto público. La observación no es menor: se trata del año donde la ejecución presupuestal se marcó por obras prioritarias, centralización de recursos y un margen reducido para la fiscalización interna.
El monto observado no implica todavía un daño resarcible definitivo, pero sí representa recursos que no han sido plenamente justificados o carecen de documentación que acredite su destino. El mensaje técnico de la ASF es claro: el gobierno deberá explicar o recuperar miles de millones antes de que estas irregularidades se conviertan en responsabilidades administrativas o incluso penales. El mensaje político, en cambio, exhibe el desgaste final de un modelo que concentró decisiones presupuestales mientras debilitó contrapesos.
En perspectiva, este hallazgo pone en entredicho la narrativa de “austeridad con honestidad” que acompañó al proyecto de la Cuarta Transformación. Si bien el discurso presidencial insistió en que el combate a la corrupción diferenciaba al gobierno actual de administraciones anteriores, los números advierten que la opacidad y las fallas de control interno no desaparecieron, sino que mutaron a esquemas centralizados y con menor supervisión técnica.
El cierre del sexenio con observaciones por más de cinco mil millones evidencia que el problema estructural del gasto público en México no radica solo en quién gobierna, sino en la ausencia de mecanismos efectivos y permanentes de fiscalización temprana. La ASF, con este informe, no solo audita recursos: también desnuda la distancia entre el relato político y la ejecución presupuestal real.
