La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, reveló múltiples irregularidades en el manejo del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), un mecanismo creado en 1996 para atender emergencias y que fue eliminado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Las observaciones no solo apuntan a gobiernos anteriores: también reabren el debate sobre si la desaparición del fondo fue una corrección institucional o una decisión política sin sustituto operativo equivalente.
De acuerdo con lo expuesto, el Fonden era administrado con opacidad, contratos inflados y un sistema de intermediación que permitía la asignación discrecional de recursos a empresas cercanas o proveedoras recurrentes sin plena trazabilidad pública. El problema, según la propia dependencia, no era únicamente financiero, sino estructural: la emergencia se había convertido en negocio y la excepción se había transformado en regla.
Sin embargo, las revelaciones llegan en un momento en que el país enfrenta contingencias crecientes —huracanes, lluvias extremas e inundaciones— sin un instrumento jurídico y financiero que genere certidumbre o disponibilidad inmediata de recursos. En términos operativos, el cuestionamiento es inevitable: se desmontó un fondo señalado por corrupción, pero no se consolidó un mecanismo robusto que lo sustituyera sin improvisación.
Ese vacío explica por qué cada desastre obliga a recurrir a decretos extraordinarios, reasignaciones presupuestales o decisiones caso por caso. El argumento de “acabar con los privilegios” pierde fuerza cuando la alternativa no garantiza rapidez ni suficiencia en la atención a las víctimas. Si la crítica al Fonden es legítima, el desafío institucional es demostrar que su eliminación no debilitó la capacidad de respuesta del Estado.
La exposición de Buenrostro coloca un matiz político importante: reconocer las irregularidades del pasado no exonera al presente de la obligación de construir un nuevo modelo transparente, auditable y eficaz. Mientras eso no ocurra, el gobierno seguirá administrando emergencias sin un andamiaje permanente, dejando abierta la percepción de que se sustituyó la opacidad formal por discrecionalidad operativa.
