El conglomerado empresarial Grupo Salinas ha anunciado que llevará su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que su derecho al debido proceso ha sido vulnerado en una compleja disputa que mantiene con la autoridad fiscal federal. La empresa asegura que existe un presunto acuerdo con la administración anterior para el pago de adeudos fiscales que no ha sido respetado por el gobierno actual, lo cual, argumenta, está acompañado de una estrategia de “persecución sistemática”.
En un comunicado reciente, Grupo Salinas señaló que mantiene “voluntad de pago conforme a derecho” y rechaza que se le aplique un doble cobro de créditos fiscales. A la vez, acusó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de omitir el respeto a resoluciones judiciales previas y limitar su derecho de acceso a la justicia. Según el grupo, las conversaciones con la administración anterior sostuvieron un acuerdo de buena voluntad que, aunque no habría sido formalizado en papel, tenía “más validez que un papel firmado”.
Por su parte, el gobierno federal —representado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla— ha negado que haya existido dicho acuerdo. En conferencia, se afirmó que nunca se pactó un monto ni se estableció una ruta de solución para los adeudos que el SAT reclama al grupo por ejercicios fiscales de 2008 a 2013. Medina señaló que el Grupo siempre discrepó del monto que el SAT le asignó y que los pagos a los que hace referencia la empresa corresponden a procesos distintos, sin relación con el litigio actual.
El trasfondo del conflicto es considerable. Según diversas publicaciones, el Grupo Salinas enfrenta al menos 32 litigios con el SAT por créditos fiscales que suman aproximadamente 74 000 millones de pesos, de los cuales cerca de 48 000 millones ya estarían ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su resolución final. Mientras tanto, el Gobierno afirma que no se negocia “en lo oscurito” con grandes contribuyentes y que, si el grupo desea liquidar sus obligaciones, puede hacerlo directamente sin necesidad de algún acuerdo previo.
La jugada de acudir a la CIDH abre una nueva fase del enfrentamiento entre el sector privado representado por Grupo Salinas y el gobierno federal. Si bien es habitual que las disputas fiscales se diriman en tribunales nacionales, invocar una instancia internacional sugiere que el conglomerado busca proyectar el conflicto fuera del ámbito estrictamente regulatorio tributario, calificándolo como una cuestión de derechos humanos —y en especial, de debido proceso y acceso a la justicia. Desde la óptica de la empresa, se trata de protegerse frente a lo que denomina una acción estatal sesgada. Desde el gobierno, se refuerza la narrativa de que la ley es igual para todos y que no existen tratos preferenciales.
Para la opinión pública y el entorno empresarial mexicano, el caso reviste algunos elementos clave: primero, la magnitud del monto adeudado que se está reclamando; segundo, la visibilidad mediática del enfrentamiento y el uso estratégico que le da Grupo Salinas al conflicto en su narrativa pública; tercero, la señal que manda el Estado sobre la imposición de obligaciones fiscales sin concesiones; y cuarto, el posible impacto que una decisión de la CIDH tendría, no sólo en este caso, sino en cómo se entienden las disputas fiscales como asuntos de derechos humanos y transparencia procesal.
El desenlace dependerá de múltiples factores: la resolución que emita la SCJN sobre los litigios pendientes, la evolución de los procedimientos en instancias internacionales, y la capacidad de ambas partes —empresa y gobierno— de encontrar una salida negociada o de mantener el litigio de largo plazo. En el caso de Grupo Salinas, con una estructura empresarial diversificada y recursos para litigar, el recurso ante la CIDH puede servir tanto como mecanismo de defensa como elemento de presión pública. Para el Gobierno mexicano, la firmeza en el cobro tributario puede reafirmar su imagen de aplicar la ley sin privilegios.
En definitiva, este caso trasciende el puro reclamo fiscal: se convierte en una disputa simbólica sobre el carácter del Estado de derecho en México, la equidad en el cumplimiento de obligaciones y la relación entre grandes corporativos, el fisco y las instituciones de justicia.
