La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que solicitó al canciller Juan Ramón de la Fuente convocar al embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, para iniciar un diálogo enfocado en revisar y mejorar los protocolos de acción en aguas internacionales ante las recientes operaciones estadounidenses contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico.
Según la mandataria, México considera que esas operaciones, que tuvieron lugar frente a aguas mexicanas y dejaron como saldo muertos, requieren una coordinación más clara y ajustada al derecho internacional, así como al marco de colaboración que ambos países mantienen en materia de seguridad. Sheinbaum señaló que la reunión con el embajador tiene el propósito de “asegurar que los tratados vigentes se respeten y que los operativos conjuntos se desarrollen bajo reglas precisas”, además de evitar que este tipo de incidentes impacten la soberanía mexicana.
Por su parte, las dependencias mexicanas involucradas —la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Marina (SEMAR)— han formalizado la citación del diplomático estadounidense para que explique los criterios que se aplicaron en los recientes ataques, así como para que se trabaje en protocolos de seguimiento y transparencia. De acuerdo con medios locales, el embajador “estuvo de acuerdo en principio” en la revisión del procedimiento, aunque el proceso aún está por definirse.
Este llamado diplomático se enmarca en un contexto de creciente tensión bilateral, después de que las fuerzas estadounidenses atacaran en aguas internacionales embarcaciones que, según sus autoridades, transportaban drogas, lo que provocó críticas desde México por lo que percibe como acciones unilaterales sin la debida coordinación. México insiste en que el combate al crimen organizado, incluido el narcotráfico transnacional, debe llevarse a cabo con pleno respeto a su soberanía y conforme al derecho internacional, así como en estrecha alianza con su vecino del norte, pero sin sustituir o ignorar las competencias nacionales.
El episodio subraya un momento delicado en la relación bilateral en materia de seguridad: mientras el gobierno mexicano reitera su voluntad de cooperar con Estados Unidos, plantea como condición una coordinación más transparente y respetuosa. La reunión entre el canciller y el embajador, convocada a petición de la presidenta, se convierte en un foro clave para definir nuevos lineamientos operativos, protocolos de actuación conjunta y mecanismos de supervisión que eviten repeticiones de intervenciones polémicas en alta mar.
