El alcalde de Carlos Manzo Rodríguez, de Uruapan (Michoacán), que ganó visibilidad por declararse “mano dura” frente al crimen organizado, había alzado la voz en sus redes sociales para denunciar con nombres y datos la penetración de grupos del narcotráfico en la vida política y económica de su municipio. Según reportes, antes de su asesinato el 1 de noviembre de 2025, Manzo ya había hecho público que organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras bandas vinculadas al aguacate estaban infiltrando ayuntamientos, sistemas de seguridad y cadenas de producción agrícola.
Durante su breve gestión como presidente municipal, Manzo denunció que exigiría “cero complicidad” y planteó que el narcotráfico ya no era un actor externo al gobierno local, sino un socio silencioso con acceso a contratos públicos, obra municipal y concesiones de servicios. También advirtió que su administración no se convertiría en parte de esa red de impunidad.
El escenario no era meramente retórico. En un hecho que mostró la tensión existente, Manzo participó en operativos contra células del crimen en la región aguacatera de Uruapan, lo que le granjeó amenazas abiertas. Reportes indican que pese a haber sido incluido en un mecanismo de protección desde diciembre de 2024, el refuerzo prometido no fue suficiente frente a la audacia del ataque que lo cobró la vida mientras participaba en la inauguración de un acto público por el Día de Muertos.
El atentado no sólo acabó con su vida; proyecta un mensaje simbólico sobre quién manda en territorios donde el Estado y el crimen organizado disputan control. El hecho de que un alcalde que denunciaba infiltración y exigía respaldo haya sido abatido frente a la mirada pública pone de relieve la vulnerabilidad de las autoridades locales y la fuerza imponente de los grupos criminales.
La sociedad de Michoacán, al culmen de la indignación, marchó exigiendo justicia y denunciando la densa red de corrupción e impunidad que permitió que un hombre que había señalado al narco pagara con su vida. El reto para el Estado mexicano es claro: si la denuncia contra la infiltración criminal se vuelve una sentencia de muerte, el tejido institucional no sólo se debilita, sino que cede terreno ante aquellos que gobiernan desde las sombras.
