por redacción
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a plena luz del día y frente al palacio municipal, ha encendido una de las protestas sociales más grandes y espontáneas que Michoacán haya visto en los últimos años. La ejecución a quemarropa del edil, reconocido por su postura firme contra el crimen organizado, no solo estremeció a la población, sino que reavivó el trauma colectivo de un estado que lleva casi dos décadas atrapado en la violencia. La indignación fue tan profunda que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum, apenas a meses de asumir el cargo, se vio obligada a intervenir con un plan federal urgente para contener la crisis.
Según un amplio reportaje de El País, el homicidio de Manzo se enlaza con una larga cadena de hechos que han marcado la historia reciente de la violencia en México. A tan solo unas cuadras del lugar donde fue asesinado, en 2006, un grupo armado irrumpió en una discoteca y arrojó cinco cabezas humanas sobre la pista de baile. Aquel episodio, recordado como el inicio del narcoterrorismo en México, coincidió con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia y su declaración de guerra al narcotráfico desde Michoacán.
Desde entonces, el estado ha sido un laboratorio de estrategias fallidas. Calderón desplegó más de seis mil soldados, pero los homicidios se duplicaron y las atrocidades se multiplicaron. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la política se centró en la captura de líderes criminales, pero esa táctica fragmentó los cárteles y dio paso a bandas más pequeñas y violentas. Andrés Manuel López Obrador prometió una salida distinta con su lema de “abrazos, no balazos”, aunque sin retirar por completo al Ejército. Hoy, Sheinbaum retoma un modelo híbrido: intervención federal directa sin una nueva declaración de militarización, en un intento de restaurar el control estatal sin reabrir viejas heridas.
El problema, sin embargo, trasciende las tácticas de seguridad. Michoacán es un territorio de extremos: más del 40 % de sus habitantes viven en pobreza, pero el estado es líder mundial en producción de aguacate, limón y frutos rojos; posee el puerto de Lázaro Cárdenas, una de las puertas comerciales más estratégicas del Pacífico, y es sede de gigantes industriales como ArcelorMittal. Esa combinación de riqueza y desigualdad ha sido un imán para el crimen organizado, que ha evolucionado del narcotráfico al control económico y político de comunidades enteras.
El economista Carlos Heredia, exasesor del gobierno estatal, sintetiza esta paradoja: “No es que la violencia sea parte del ADN michoacano, sino que aquí hay mucho dinero. Es un Estado rico con un pueblo pobre”. Esa brecha alimenta la expansión de grupos criminales que ya no solo trafican drogas: extorsionan, secuestran, cobran “impuestos” locales y deciden quién puede gobernar.
La historia reciente del estado muestra un patrón de convivencia entre crimen y poder político. En 2009, la Procuraduría General de la República acusó a Julio César Godoy, medio hermano del entonces gobernador Leonel Godoy, de tener nexos con La Familia Michoacana. En 2014, un video mostró al hijo del gobernador Fausto Vallejo bebiendo con Servando Gómez “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios, lo que provocó su renuncia. Hoy, los cárteles utilizan drones, minas y tecnología militar en una guerra que ha dejado a comunidades como Tepalcatepec o Buenavista Tomatlán prácticamente devastadas.
Entre los principales actores del conflicto destaca el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oseguera “El Mencho”, originario de Aguililla, quien ha convertido a Michoacán en uno de sus bastiones. Su disputa con Cárteles Unidos y Los Viagras ha generado un clima de terror permanente. Manzo había denunciado en varias ocasiones al CJNG por extorsionar productores locales, lo que hace su asesinato una advertencia clara: quien se oponga al crimen, paga con la vida.
La reacción ciudadana ha sido tan contundente como el propio crimen. En Uruapan, cientos de personas han salido a las calles con veladoras, flores y pancartas improvisadas frente al ayuntamiento. “Antes estaba feo, luego calmó, pero ahora volvió con más fuerza. Es como picar un avispero”, relató un vecino al diario español. La rabia popular refleja la pérdida total de confianza en las autoridades.
La presidenta Sheinbaum anunció la creación de oficinas de la Presidencia en los municipios más golpeados y el envío de refuerzos federales, pero los analistas advierten que sin desmantelar las redes de complicidad política, cualquier plan se quedará corto. La crisis de Michoacán no es solo de seguridad: es una fractura del pacto social, producto de años de abandono, corrupción y sometimiento al crimen.
Por ahora, Tierra Caliente sigue siendo un territorio sin dueño, o peor aún, propiedad del miedo.
Con información de: El País
