redacción
En noviembre de 2025, el nombre de Edson Andrade se convirtió en uno de los focos de atención de la política mexicana. Reconocido como uno de los principales impulsores de la denominada “marcha de la Generación Z”, Andrade anunció que abandonará el país tras denunciar una persecución política en su contra a raíz de la difusión pública de sus datos personales y un contrato millonario.
Desde su video de despedida, el joven acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al partido oficialista de orquestar una campaña en su contra. “La persecución de la presidenta … ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy tengo que abandonar mi hogar y mi país”, declaró. Según él, la filtración de su domicilio y otros datos personales lo puso “no sólo blanco del Gobierno, también del crimen”.
Por su parte, la dirigencia nacional de Morena, representada por Luisa María Alcalde, exhibió un contrato suscrito entre Andrade y Partido Acción Nacional (PAN) por más de 2.1 millones de pesos, en el que Andrade aparece ofreciendo servicios de “estrategia digital y gestión de redes” al partido desde febrero de 2025. Esta revelación generó acusaciones de que la marcha no era un movimiento espontáneo juvenil, sino una operación con vínculos partidistas.
El movimiento juvenil al que se asoció Andrade, la “marcha de la Generación Z”, se realizó el 15 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México con una convocatoria que marcó visibilidad nacional. Aunque los organizadores la describieron como apartidista, hasta 17 000 personas marcharon —según datos oficiales— y el Gobierno acusó que la movilización formaba parte de una campaña de desinformación valorada en más de 90 millones de pesos.
El trasfondo del descontento juvenil tiene raíces más profundas: entre los detonantes está el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que provocó indignación en jóvenes por la violencia, la impunidad y la falta de resultados en materia de seguridad.
Andrade defiende que su vínculo con el PAN fue puramente laboral y no condicionó su activismo: “Trabajé en producción de contenidos institucionales, no en mis opiniones políticas personales”, manifestó. Sin embargo, su salida del país ha sido interpretada por seguidores como un acto simbólico de resistencia: “No me voy vencido… me voy para seguir luchando”, declaró.
La situación plantea preguntas importantes sobre la libertad de expresión, la protesta juvenil y el papel de los datos personales en un contexto político: ¿es este el primer caso de “perseguido político” de la Generación Z en México? ¿O más bien un activista ligado a lógicas partidistas que paga el precio de haber expuesto su identidad?
Mientras tanto, el exilio de Andrade abre nuevas dinámicas: una figura juvenil que, desde fuera del país, asegura que continuará la movilización digital; y un Gobierno que vigila y denuncia lo que considera “manipulación generacional y digital”. La batalla simbólica ya se ha iniciado: entre hashtags, contratos filtrados y videos de despedida, México observa un enfrentamiento que va más allá de generaciones.
con información de El País
