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El anuncio del gobierno federal sobre la homologación del delito de abuso sexual en los 32 estados marca un intento profundo por transformar la arquitectura legal en torno a la violencia de género en México. Con la reforma al artículo 260 del Código Penal Federal, ahora se define el abuso sexual como cualquier acto de naturaleza sexual sin consentimiento —tocar, rozar, exhibir o representar sexualmente a alguien— sin necesidad de llegar a la cópula. Esta redefinición reconoce la amplitud del daño, buscando cerrar vacíos legales históricos que han permitido la impunidad de agresores.
La propuesta de sanciones es contundente: de tres a siete años de prisión, multas entre 200 y 500 veces el valor diario de la UMA, y la obligación de que los agresores asistan a talleres reeducativos con perspectiva de género y realicen servicio comunitario. Además, cuando se trate de servidores públicos, ministros de culto, o en contextos de violencia o complicidad, se establecerán agravantes.
Para garantizar su eficacia, el plan incluye un programa nacional de capacitación para fiscales, jueces y operadores del sistema de justicia; también protocolos especiales para el transporte público, uno de los espacios con mayor incidencia de agresiones sexuales.
El anuncio ocurre en un contexto social complejo: más del 70 % de las mujeres de 15 años o más ha sufrido algún tipo de violencia, y cerca de la mitad ha enfrentado agresiones de índole sexual, lo que evidencia la magnitud del problema.
Sin embargo, a pesar de la relevancia del cambio normativo, existen críticas desde organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos: señalan que la estrategia aún recaerá en la denuncia de víctimas, sin atender las barreras estructurales que inhiben que muchas mujeres denuncien —miedo, revictimización, impunidad, desconfianza en autoridades— lo que podría limitar su impacto real.
En este sentido, esta reforma representa un paso necesario, pero insuficiente si no va acompañada de un cambio institucional profundo: mejor fiscalización, recursos adecuados, protección real a víctimas y campañas de prevención cultural. El desafío es grande, pero para millones de mujeres mexicanas —y para una sociedad que exige un viraje real— esta homologación puede abrir una puerta hacia una justicia más equitativa, dejando atrás un pasado de indiferencia y complicidades.
con información de EFE
