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El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, reconoció haber sostenido una reunión directa con integrantes de un grupo criminal antes de asumir el cargo, quienes le exigieron dinero y espacios dentro de la administración municipal. El testimonio ha generado preocupación por la capacidad de las organizaciones delictivas para presionar a autoridades locales en Guanajuato, una de las entidades con mayor presencia de violencia en los últimos años. Ramírez Sánchez, quien asumió la presidencia municipal tras el asesinato de la candidata de Morena, Gisela Gaytán Gutiérrez, indicó que pese a haber sido buscado en varias ocasiones por miembros de estas organizaciones, no ha aceptado acuerdos ni compromisos con ellas. Declaró que “nunca ha tenido acuerdos y no los tendrá”, y advirtió que, de ser necesario, retiraría a su familia de la ciudad para mantener su postura.
El edil relató que el encuentro con el grupo delictivo ocurrió tras su elección y que acudió al lugar llevado por un conocido, bajo engaños. Según su declaración, los delincuentes demandaron aportaciones económicas y designaciones en cargos públicos, peticiones que rechazó, lo que derivó en un cierre tenso de la reunión. No obstante, recientemente habría recibido una nueva llamada telefónica de otro integrante del mismo grupo, quien le ofreció apoyo, situación que también desestimó.
El contexto de inseguridad ha tenido repercusiones personales para el alcalde. Su hija, quien ocupaba un cargo en el municipio de Tarimoro, renunció debido a amenazas relacionadas con su cercanía familiar con el edil. Ramírez Sánchez sostuvo que continua con sus responsabilidades, aunque evalúa opciones para salvaguardar la integridad de sus seres queridos.
El asesinato de la candidata Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez el 1 de abril de 2024 marcó un punto crítico en la región. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación que desde un principio señaló posibles móviles ligados al crimen organizado. El entonces fiscal Carlos Zamarripa Aguirre informó que se habían recabado más de treinta indicios en trabajo de campo y entrevistas, lo que permitió fortalecer el caso.
Dentro de las principales líneas de investigación se identificó la participación del Cártel de Santa Rosa de Lima, organización delictiva con presencia activa en la región y vinculada con actividades como el robo de hidrocarburos, la extorsión y el narcotráfico. La indagatoria se fortaleció tras la detención, el 14 de febrero de 2025, de Candelaria N, señalada como presunta operadora del CSRL y cercana al líder criminal José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”. Las autoridades la consideran autora intelectual del asesinato de la candidata, lo que representa un avance relevante en el caso, si bien aún no se cuenta con sentencia ni se ha esclarecido por completo el trasfondo político del crimen.
El reconocimiento público del edil sobre su encuentro con integrantes del crimen organizado pone de relieve los riesgos que enfrentan las autoridades municipales al operar en zonas de alta incidencia criminal, mientras que el caso de Gisela Gaytán continúa como uno de los ejemplos más alarmantes de la violencia política en el país.
con información de Infobae
