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La desaprobación mayoritaria a la respuesta del gobierno federal por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, expone una crisis de confianza que va más allá de un caso específico y alcanza al conjunto de la política de seguridad pública. De acuerdo con una encuesta nacional de Enkoll, el 51% de la población mexicana rechaza la forma en que las autoridades han manejado la investigación y sus consecuencias, un dato que confirma el escepticismo ciudadano frente a la capacidad del Estado para garantizar justicia en crímenes de alto impacto.
El homicidio, ocurrido el 1 de noviembre durante una celebración del Día de Muertos en la plaza principal de Uruapan, no solo sacudió a la opinión pública por su violencia simbólica y contexto público, sino también por las múltiples irregularidades que rodearon el caso. Aunque se identificó a un menor de edad como autor material y se atribuyó el ataque a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, persiste la opacidad sobre los autores intelectuales del crimen, elemento central para medir la eficacia real de la respuesta gubernamental.
La percepción ciudadana refleja ese vacío. Solo una tercera parte de los encuestados cree que todos los responsables serán castigados, mientras que una mayoría considera que las investigaciones derivarán en sanciones parciales o, en el peor de los casos, en total impunidad. Lejos de cerrar el episodio, las muertes posteriores del agresor y de presuntos cómplices, así como las denuncias de tortura contra uno de los detenidos, han alimentado la sospecha de encubrimiento, uso excesivo de la fuerza y fallas estructurales en la investigación.
Este desgaste se inscribe en un contexto más amplio. Para más de la mitad de los ciudadanos, la inseguridad sigue siendo el principal problema del país, una percepción que no se ha alterado pese a los anuncios oficiales sobre detenciones, extradiciones y operativos contra el crimen organizado. Apenas un 5% de los encuestados considera que el combate a la delincuencia sea un logro del gobierno de Claudia Sheinbaum, mientras que una proporción significativa identifica este rubro como el mayor error de la actual administración.
La desconfianza no se limita a la seguridad. La lucha contra la corrupción también aparece como un terreno donde la percepción pública se ha deteriorado, con más de la mitad de los encuestados convencidos de que ambos frentes han empeorado en los primeros meses del nuevo gobierno. Escándalos recientes, como el relacionado con el huachicol fiscal y las detenciones en instituciones federales, han reforzado la narrativa de fragilidad institucional y falta de control interno.
El caso Manzo, así, se ha convertido en un símbolo incómodo para el gobierno federal: un episodio que concentra las dudas sobre justicia, legalidad y eficacia del Estado ante la violencia criminal. Más que un juicio sobre una investigación en curso, la desaprobación ciudadana revela una exigencia pendiente de resultados verificables y una brecha creciente entre los discursos oficiales y la percepción social sobre seguridad y gobernabilidad.
con información de El País
