Juan Manuel Covarrubias Ramírez.
Al inicio del gobierno de López Obrador en 2018, se implementó el programa «Pobreza Franciscana y Austeridad Republicana»; y digo programa porque se implementó la política de austeridad extrema en el gobierno, para justificar recortes y despidos, argumentando que los servidores públicos debían vivir con lo mínimo para no tener un gobierno rico con pueblo pobre, con su frase “ Hace falta darle más al pueblo y a ver si es posible pasar de la austeridad republicana a una fase superior, que podría llamarse pobreza franciscana”.
La nueva ley se publicó el 19 de noviembre de 2019 en el diario oficial de la nación, su efecto estuvo al limitar los viajes al extranjero, disminuir viáticos, reducir presupuesto de operación y solo manteniendo la nómina, lo que hizo que se incrementara la burocracia y se dejaran de dar resultados, porque los que existían eran resultados de los prianistas.
Esta ley se reformó el 16 de abril de 2025 y su artículo primero dice: “Artículo 1. Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son aplicables a todas las dependencias, entidades, organismos y demás entes que integran la Administración Pública Federal”. “Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos tomarán las acciones necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley, de acuerdo con la normatividad aplicable a cada uno de ellos, cuando se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación”.
Al destruir todo lo anterior y decir que solo que lo que hacen ellos está bien, se creó la política de la ineptocracia por la incapacidad de los nuevos trabajadores de la 4T, la política de la negación por si salía algo mal, se culpaba a los gobiernos anteriores, la política de servilismo que creó a los serviles con la 4T y viles contra los demás que no compartían su fanatismo y se creó la política del populismo.
Pero qué pasó con los servidores públicos que debían mostrar humildad, pues iniciamos con Adán Augusto López Hernández, quien de la política y sus empresas habría percibido una cantidad superior a los 79 millones de pesos durante los años de 2023 y 2024 de diversas empresas privadas, y que estos ingresos no habrían sido señalados en sus declaraciones patrimoniales y como político de MORENA declaró que dicho dinero era por venta de ganado, herencias, rentas e ingresos notariales, aunque la cantidad generaría sospechas de evasión fiscal y posible lavado de dinero. En el huachicol se le vinculó al empresario Saúl Vera Ochoa, quien había respaldado políticamente a López Hernández, con la concesión del Muelle 289 en Tampico. Un testigo protegido y exjefe de aduanas, el capitán Alejandro Torres Joaquín (“Santo”), afirmó que al menos 14 embarcaciones descargaron combustible de contrabando entre 2024 y 2025 mediante sobornos. Empresas ligadas a la concesión, incluida Tampico Terminal Marítima S.A. de C.V., fueron mencionadas en declaraciones testimoniales y registros corporativos. López Hernández rechazó tener vínculos personales o comerciales más allá de servicios notariales previos, pidió a las autoridades aclarar el papel de Vera Ochoa y afirmó que, de existir responsables, estos deben ser sancionados, pero el poder judicial es de MORENA.
En octubre de 2022, Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto López Hernández, entonces presidente y secretario de Gobernación, respectivamente, con la política de la negación negaron los contenidos de informes de inteligencia del Estado que identificaban, como líderes del grupo criminal llamado “La Barredora”, a los mandos de seguridad de Tabasco, nombrados por López Hernández durante su mandato como gobernador de la entidad, incluyendo a Hernán Bermúdez Requena.
Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han cuestionado cómo un expresidente desconocía los nexos de su secretario de Seguridad, señalando cinismo o negligencia deliberada, y en cambio con Adán Augusto, no dicen nada, ésta es la política de la negación, siempre culpar a los demás.
Otro caso es José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, que es un grillo, porro y palero de la UAM, que solo hablan donde en 2014 no pago el IVA en un juego haciendo un circo, con la política de la negación señaló, que los pares de zapatos hallados en el rancho Izaguirre pertenecieran a desaparecidos y que ese hallazgo solo era una campaña de la derecha mexicana. Donde la escolta del periodista Héctor de Mauleón, accionó su arma para defenderse y lo quiso poner en evidencia por usar un arma de fuego, demostrando así que la delincuencia es normal para ellos. Otro caso donde recibe mensajes y por lo cual, amenaza a un ciudadano con el uso de la Guardia Nacional y con avisar al «compañero presidente» sobre los mensajes en que el ciudadano le solicitaba “bajarle a su guerra pendeja… que genera odio y división”.
Además de sus viajes en primera clase al extranjero, donde el verdadero pueblo jamás podría hacerlos y si lo graban ataca a los que lo hacen, y eso que es un servidor público, así o más ignorantes los quieren. Y la última, en agosto de 2025, con su vivienda ubicada en Tepoztlán, Morelos que ésta tiene un costo de más de 12 millones de pesos y fue construida bajo un suelo comunal.
La última, está saliendo un video de 2008, donde Claudia reclama al gobierno de enviar petróleo a otras naciones, en cambio ahora ella lo envía a Cuba como una forma de buena voluntad, al fin políticos, todos son vividores profesionales que viven del presupuesto de los impuestos que pagamos los mexicanos.
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