El Gobierno de Baja California compró en 2023 una aeronave para uso oficial de la administración estatal por un monto de 7 millones 642 mil pesos, operación que actualmente se encuentra bajo revisión pública debido al número de vuelos realizados y al costo de operación reportado.
La adquisición se concretó mediante una subasta impulsada por el Gobierno federal durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, proceso en el que se pusieron a la venta aeronaves consideradas innecesarias para las dependencias federales. La unidad fue adquirida a la Secretaría de Marina y posteriormente incorporada al servicio del gobierno encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
De acuerdo con información difundida por el Semanario Zeta, el avión acumuló 111 vuelos en un año, principalmente para traslados oficiales de la titular del Ejecutivo estatal. El tema tomó relevancia tras observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación durante 2024, debido a la limitada información pública sobre la operación y gastos asociados a la aeronave.
El reporte señala que el costo promedio por hora de vuelo sería de aproximadamente 4 mil 500 dólares, cifra a la que deben añadirse gastos de combustible, mantenimiento, resguardo, permisos y personal técnico especializado. Además, antes de entrar en operación formal, la aeronave fue enviada a Nuevo León para trabajos de mantenimiento cuyo costo superó los 3 millones de pesos.
La administración estatal justificó originalmente la compra argumentando que el avión serviría tanto para traslados oficiales dentro de Baja California como para eventuales operaciones de traslado de personas privadas de la libertad. Sin embargo, hasta ahora no se ha documentado públicamente el uso de la aeronave para este último propósito.
El caso ha generado cuestionamientos sobre los criterios de austeridad en el gasto público y sobre la necesidad de transparentar los viajes oficiales realizados con recursos estatales. Organizaciones civiles y sectores de la opinión pública han solicitado información relacionada con destinos, pasajeros, objetivos institucionales y costos detallados de cada vuelo.
El debate ocurre en un contexto de exigencias ciudadanas sobre prioridades presupuestales en áreas como seguridad, salud, infraestructura y servicios públicos, por lo que el uso de recursos para la operación de una aeronave oficial se mantiene bajo escrutinio político y administrativo.
Con información de: Semanario Zeta
