La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una nueva estrategia legislativa para fortalecer el combate a la corrupción en México, mediante una serie de reformas constitucionales y legales que buscan modificar el funcionamiento de las instituciones encargadas de fiscalizar los recursos públicos, investigar irregularidades y sancionar a los responsables.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo de legisladores de Morena, contempla una reestructuración del Sistema Nacional Anticorrupción, cambios en los mecanismos de auditoría, mayores facultades para las fiscalías especializadas y la revisión del fuero constitucional de legisladores y altos funcionarios.
El avance de las propuestas coincide con las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que derivaron en la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo en octubre pasado.
De acuerdo con información publicada por el diario El País, el paquete legislativo es impulsado por un grupo de diputados y senadores de Morena, encabezado en parte por el vicecoordinador de la bancada en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien ha participado en la elaboración de las modificaciones.
El 9 de noviembre, Ramírez Cuéllar entregó al presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, un conjunto de propuestas para reformar 19 ordenamientos legales y fortalecer las herramientas institucionales contra la corrupción y la impunidad.
Entre los planteamientos se encuentra la creación de un nuevo modelo del Sistema Nacional Anticorrupción, debido a las limitaciones que, según los promotores de la reforma, presenta el esquema actual para coordinar investigaciones, fiscalizar recursos y garantizar sanciones.
La propuesta también contempla modificaciones a la legislación de la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de fortalecer las capacidades de las fiscalías anticorrupción y mejorar su autonomía presupuestal.
Otro de los objetivos es transformar los mecanismos de auditoría para facilitar la detección de irregularidades en el ejercicio del gasto público, así como mejorar la coordinación entre las autoridades federales y estatales encargadas de revisar el destino de los recursos.
Ramírez Cuéllar explicó que la agenda incluye medidas para combatir el huachicol fiscal, las redes de facturación falsa y las operaciones simuladas, además de fortalecer los procedimientos de extinción de dominio y recuperación de bienes relacionados con actividades ilícitas.
Para integrar las propuestas, los legisladores han sostenido reuniones con representantes de instituciones académicas, organismos empresariales y dependencias públicas. Entre los participantes se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Tecnológico de Monterrey, el Consejo Mexicano de Negocios, la Asociación de Bancos de México y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
También participan representantes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, entre otras instituciones.
Uno de los puntos que podría generar mayor discusión es la eliminación del fuero constitucional para legisladores y funcionarios públicos. La propuesta busca revisar la inmunidad procesal que actualmente protege a determinados servidores públicos frente a procedimientos penales.
Sheinbaum ha manifestado anteriormente su disposición a discutir la eliminación de esta figura, mientras que Ramírez Cuéllar considera que debe abrirse el debate para evitar que las protecciones constitucionales se conviertan en obstáculos para investigar posibles delitos.
El proyecto también enfrenta cuestionamientos relacionados con la independencia de las instituciones encargadas de vigilar al gobierno. La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en 2025, modificó el esquema de supervisión y acceso a la información pública, por lo que la reorganización del sistema anticorrupción vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de mantener mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Las investigaciones relacionadas con el INE representan otro de los antecedentes que acompañan la discusión. Su Órgano Interno de Control ha informado sobre expedientes abiertos por presuntas irregularidades en contrataciones durante la gestión de Guadalupe Taddei, con indagatorias que involucran a funcionarios, exfuncionarios y empresas proveedoras.
La salida de Taddei de la presidencia del organismo electoral y las revisiones sobre los contratos han incrementado la atención pública sobre los mecanismos de vigilancia y responsabilidad dentro de las instituciones del Estado.
Entre los antecedentes que también forman parte de la discusión sobre el combate a la corrupción se encuentra el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), por el desfalco de recursos públicos registrado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En cuanto a los tiempos legislativos, los promotores de la reforma buscan avanzar en la presentación de las iniciativas durante noviembre y antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el próximo 15 de diciembre. Debido a la amplitud de los cambios, también se contempla convocar a un periodo extraordinario en enero de 2027.
La aprobación dependerá de los acuerdos que Morena alcance con sus aliados y de las negociaciones sobre las modificaciones constitucionales y legales. Por ahora, las propuestas se encuentran en proceso de elaboración y discusión legislativa, por lo que todavía no constituyen reformas aprobadas.
