Fernando Rangel de León.
La Constitución dice que el Poder Público es único; pero para su funcionamiento se divide en tres poderes: el Legislativo, que hace las leyes; el Judicial, que las aplica en los casos concretos que le son planteados; y el Ejecutivo, que ejecuta las leyes y las resoluciones judiciales y administra la cosa pública; y principalmente administra los dineros que recauda del pueblo mediante los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, etcétera.
El ejecutivo tiene el elevado deber constitucional de administrar los dineros del pueblo con la mayor honestidad, honradez y austeridad posible, optimizando lo más posible los recursos públicos y sin discriminar a ninguno de los tres poderes, a fin de que a la población del Estado se le proporcione las máximas satisfacciones a sus necesidades mediante sus funciones y las del legislativo y el judicial, que no deben tener otro objetivo que realizar las mejores obras y prestar los más eficientes servicios públicos.
Por eso el ejecutivo tiene la responsabilidad de asignar el presupuesto público de egresos que le aprueba el legislativo para el funcionamiento de esos dos poderes y del poder judicial, lo más equitativamente posible; empezando con la nómina de sus altos funcionarios y sus empleados, cuyos sueldos deben de servir para satisfacer sus necesidades y las de su familia más apremiantes para que lleven una vida digna y decorosa, como la deben de vivir todos los trabajadores de México.
Pero en los tiempos de corrupción del ejecutivo, antes de 2018, además de los sueldos de las nóminas en el Poder Judicial Federal, se crearon 14 fideicomisos, de los que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomaban multimillonarias partidas para darse ellos y sus familias una vida llena de lujos, de las que a los Magistrados de los Tribunales de Circuito (Unitarios y Colegiados), les daban millonarias migajas, y a los demás empleados, les arrojaban sueldos de hambre comparados con los que ellos reciben.
Está justificado que la eliminación de 13 de esos 14 fideicomisos, en absolutamente nada va a afectar los sueldos de los “empleados de a pie”, del Poder Judicial Federal y, sin embargo, con el pretexto de que sí se les van a disminuir, este poder está atacando a los otros dos poderes: el ejecutivo y el legislativo, y azuzando a que se interpongan acciones de inconstitucionalidad en los que el poder judicial federal va a ser “juez y parte”.
