Juan Manuel Covarrubias Ramírez.
Con la frase “Abrazos y no balazos”, con el saludo a la mamá del “Chapo”, se inició el solapar a la delincuencia, decían que son seres humanos y que merecen un buen trato, sabemos que AMLO es un grillo, porro y palero de Ciencias Políticas de la UNAM, con más de 10 años para titularse, con esos antecedentes con el uso de la posverdad hablando de mentiras para engañar al pueblo, según él, al inicio le llamó pueblo sabio, pero se dio cuenta que al pueblo sabio no se le puede engañar, así que terminó diciendo pueblo, su palabra que son la esperanza de México, fue una gran decepción, creó un pueblo pobre y flojo, con un gobierno rico.
El fraude a SEGALMEX, el daño patrimonial comprobado e investigado por la Secretaría de la Función Pública asciende a 2 mil 700 millones de pesos. Esta cifra forma parte de un monto original de observaciones por 9 mil 500 millones de pesos detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las cuentas públicas de 2019 y 2020. Las auditorías iniciales señalaron desvíos e irregularidades por hasta 9,500 millones de pesos, pero cerca del 50% de las observaciones iniciales (4,700 millones de pesos) fueron aclaradas o recuperadas por el gobierno. Además, se recuperaron más de 900 millones de pesos que habían sido invertidos ilícitamente en bonos bursátiles.
Los detenidos suman al menos 27 exfuncionarios y particulares detenidos, de los importantes, René Gavira Segreste, Exdirector de Administración y Finanzas de SEGALMEX; Hugo Buentello Carbonell, Exsubdirector de Operaciones de Liconsa; Edgar Alejandro Armenta Peralta, Representante de una de las empresas proveedoras contratadas de manera ilícita, pero el exdirector general de SEGALMEX, Ignacio Ovalle Fernández, no cuenta con órdenes de aprehensión ni procesos penales en su contra, y como ”el presidente sabe lo que está pasando», asegurando que ningún negocio jugoso o acto de corrupción importante se realizaba en el país sin el conocimiento y el visto bueno del titular del Ejecutivo. Así o más corruptos los quieren.
El «huachicol fiscal» es un esquema de contrabando y fraude aduanero en el que se introducen combustibles a México, simulando que son productos químicos distintos (como aditivos, lubricantes o desechos) para evitar el pago de impuestos, como el IEPS. Este delito representa pérdidas anuales calculadas entre 600 mil millones de pesos para las finanzas públicas. Utiliza declaraciones falsas en aduanas de puertos marítimos como Ensenada, Veracruz y Lázaro Cárdenas para ingresar hidrocarburos extranjeros libres de impuestos, la detención del vicealmirante de la Marina, Manuel Roberto Farías Laguna, lo que destapó una red de sobornos y tráfico de influencias que ha dado paso a amplias investigaciones judiciales, por eso fue asesinado en mayo del 2023, también Fernando Rubio Obregón, en julio de 2022, Saul Hernández Solano en noviembre del 2022, Alfredo Gómez Anaya, en noviembre del 2023, Abraham Jerónimo Pérez Ramos en febrero del 2024, además de empresarios, operadores logísticos, contadores, financieros, inspectores, auditores, abogados y asesores.
El contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por encabezar una red de «huachicol fiscal» (contrabando de combustibles e hidrocarburos) en el Golfo de México, fue detenido en Buenos Aires, Argentina. Actualmente, se encuentra bajo proceso de extradición hacia México mientras su defensa argumenta que el tráfico es una operación de estado y acusa a la Marina de no presentar pruebas, pero como teme por su vida porque sabe demasiado está pidiendo asilo político y si USA quiere pruebas, lo extraditaría como testigo protegido, pero esto no ha sucedido.
El caso internacional de narcocorrupción son el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; Enrique Inzunza Cázares, Senador y exsecretario general de Gobierno; Enrique Alfonso Díaz Vega, Exsecretario de Administración y Finanzas (quien viajó a USA para negociar un acuerdo); Gerardo Mérida Sánchez, Exsecretario de Seguridad Pública (quien ya se entregó); Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde de Culiacán y ahijado político del gobernador; Dámaso Castro Saavedra, Exvicefiscal de Sinaloa; Juan Valenzuela Millán (alias Juanito), acusado también de secuestro y muerte de un informante de la DEA; Marco Antonio Almanza Avilés; Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito mandos policiales. Y fuera de los dos que ya se entregaron, los demás viven en la impunidad.
Y falta lo de Cuautla y Yacapixtla, en Morelos y lo de Matamoros en Tamaulipas, y la nómina del Mencho que nunca la quisieron reconocer, por eso hay tanta delincuencia.
Con la política de la negación, cuya frase clásica “La culpa la tiene Calderón”, están acusando a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, para distraer la atención de la impunidad, la inseguridad y la delincuencia que tiene MORENA y sobre todo en Coahuila que tiene elecciones de diputados locales. Pobre México, con su enfermedad de la ignorancia puede ser fácilmente engañado y por eso hay tanta inseguridad, porque el pueblo sabio comenta que ya no se puede viajar por carretera como antes.
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