Fernando Rangel de León.
El pasado 27 de junio, en Tijuana, Baja California, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a solicitud de miles de interesados en la frontera y en el país, propuso la regularización de los vehículos introducidos ilegalmente a México, mejor conocidos como “chocolate”, por lo de “chuecos”; y después de más de tres meses y medio, este fin de semana estará en esa ciudad para dar a conocer la entrada en vigor del decreto presidencial que legaliza esos vehículos en todo el territorio nacional, y que suman millones.
El problema de los vehículos “chocolate”, fue originado entre otras causas por la corrupción de los gobiernos federales anteriores al actual, que permitieron su entrada ilegal aquí sin pagar los derechos de importación, a cambio de fuertes “mordidas”, que llegaron a casi “institucionalizarse”, a ciencia y paciencia de los otros dos ámbitos de gobierno; lo que representó un filón de oro para funcionarios y para dirigentes de organizaciones defensoras de los dueños de esos vehículos.
Los vehículos “chocolate” vinieron a solucionar el problema de la necesidad de transporte particular para los trabajadores, campesinos y personas de las grandes mayorías, cuyos ingresos no les permitían comprar vehículos usados, semiusados y nuevos, por su alto precio que se inflaba por los impuestos federales, como el Impuesto Sobre Autos Nuevos ISAN, el Impuesto sobre Valor Adquirido IVA, etcétera; pero los vehículos “chocolate” también fueron utilizados para cometer delitos, por estar fuera de todo control fiscal.
Este decreto regulatorio tendrá vigencia no solamente en los estados fronterizos de Baja California (incluyendo toda la península), Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; sino que también se aplicará en todo el territorio; y lo que se recaude por la regularización se destinará al bacheo de ciudades y carreteras.
Los vendedores establecidos de vehículos nuevos, seminuevos y usados, están inconformes con este decreto; pues creen que se van a legalizar los vehículos que se introduzcan al país con posterioridad a la entrada en vigor del mismo; lo cual no va a ser así; toda vez que únicamente se regularizarán los vehículos que ya estaban aquí en México, en el momento de que este decreto inicie su vigencia; pues el gobierno de AMLO, es conciente de que hay que cuidar la planta productora automotriz en el país, las miles fuentes de empleo que requiere esta industria, la actividad comercial de los vendedores de vehículos hechos en México e importados, que pagan todos su impuestos.
Este es un decreto que quiere solucionar un problema, que quiere dar seguridad jurídica y patrimonial a los dueños de los vehículos “chocolate”, y hacerlos que paguen los impuestos justos que fijen las leyes, para destinarlos a realizar obras públicas de urgente necesidad, como lo es la pavimentación de los miles de “baches” que tanto dañan a los vehículos.
