Samuel Cepeda Tovar.
Más allá de filias y fobias, de aversión al presidente o de simpatía hacia su persona, centrados exclusivamente en el Instituto Nacional Electoral (INE), me parece dable analizar punto por punto las implicaciones del llamado plan B de la reforma electoral que el presidente presentó y fue aprobado por el poder legislativo y publicado en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.
La reforma o plan B contiene tres ejes generales: ejercicio de derechos político-electorales, sistema nacional electoral y justicia electoral. Analicemos brevemente cada uno de los ejes.
Eje 1: Voto de personas en prisión preventiva, personas postradas por enfermedad, paridad en gubernaturas, separación de legisladores del cargo que busquen la reelección. ¿Alguien pudiera precisar en donde están los excesos en este eje? Las personas en prisión preventiva siguen siendo inocentes y no han perdido sus derechos políticos, igual las personas en cama no han perdido su ciudadanía, me parece más que justo que quien desee competir nuevamente por un cargo se separe del mismo para garantizar imparcialidad, y el tema de la paridad es hoy una necesidad ante el empoderamiento femenino, ¿en dónde está entonces la aberración?
Eje 2: Desaparición del PREP, cambio de inicio del proceso electoral, cambios en cartografía electoral, desaparición de la Junta General Ejecutiva y de la Secretaría Ejecutiva del INE. ¿Cuál es el problema con eliminar la JGE? Si al final es una combinación del consejo general, representantes de partido y titulares de las diferentes vocalías del instituto, sustituirla por una comisión de consejeros al final no es más que un proceso de simplificación administrativa y operativa, al final los partidos no pierden su representación ante el consejo general y quienes finalmente tiene poder de voto son los consejeros ciudadanos del INE, no los representantes de partido ni los vocales de las diversas áreas del instituto.
Lo mismo sucede con la secretaría ejecutiva, al final es un representante legal que firma los acuerdos del instituto y asiste al conejero presidente en las sesiones del consejo, también elabora el proyecto de presupuesto entre otras atribuciones que pueden ser perfectamente desarrolladas por un consejero designado. ¿En dónde está la aberración dentro de un proceso de simplificación que generaría ahorro al instituto?, para empezar, 160 mil pesos mensuales equivalentes al sueldo del ahora exsecretario ejecutivo.
La obligación del cómputo el mismo día de la elección exigiría al instituto entregar resultados definitivos de manera expedita, lo cual elimina al PREP y no con ello la transparencia en los resultados electorales, pues en los cómputos siempre están presentes los representantes de partidos y consejeros ciudadanos en las juntas distritales y locales.
Eje 3: juicios en línea, y simplificación del sistema de medios de impugnación que realmente es bastante robusto y que de ninguna manera atenta contra los medios de impugnación y la justicia electoral. ¿En dónde está el retroceso?
Al final, el INE no se está cercenando, se está optimizando, simplificando, reformando como todo instituto susceptible de mejoras continuas y la buena noticia es que se genera ahorro en beneficio de todas y todos los mexicanos.
