Han pasado casi dos décadas desde que Humberto Moreira asumió la gubernatura de Coahuila y, con él, también comenzó la pesada herencia que aún hoy arrastra el estado: una deuda pública que crece, se recicla, se renueva, pero que nunca se reduce de forma significativa.
En 2005, cuando Moreira tomó el poder, la deuda apenas rebasaba los 323 millones de pesos. Para 2011, cuando dejó el cargo, esa cifra se había disparado a más de 36 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.
Lo que siguió fue un efecto dominó: Jorge Torres López, su relevo temporal, simplemente mantuvo el rumbo; Rubén Moreira, su hermano, heredó y perpetuó el modelo; Miguel Ángel Riquelme administró la deuda, pero no la contuvo; y ahora, Manolo Jiménez Salinas recibe el estado con una carga financiera que ya supera los 38 mil millones de pesos.
Este monto no es anecdótico ni simplemente técnico. Es la expresión de un modelo de gobierno donde el endeudamiento ha sustituido a la planeación, y donde los compromisos financieros se vuelven cadenas invisibles que atan a varias generaciones de coahuilenses.
Peor aún, se trata de una deuda que no ha sido plenamente traducida en beneficios visibles o sostenibles para la población: infraestructura de alto costo con poca transparencia, gasto corriente disfrazado de inversión, y pagos de intereses que se comen los presupuestos futuros.
Hoy, Coahuila paga cada mes entre 4.3 y 4.4 millones de pesos solo para cubrir su deuda a largo plazo. Y aunque se habla de “liquidar” los créditos a corto plazo como los 2 mil millones adquiridos en diciembre de 2023, la realidad es que esos mismos créditos se renuevan con otros iguales o incluso mayores, como los recién contratados a finales de 2024.
La narrativa oficial ha normalizado este nivel de endeudamiento. Se habla de “reestructuración”, de “pagos puntuales” y de “liquidez temporal”, pero lo que no se menciona es que cada peso que se paga en intereses es un peso que no va a salud, a educación, a desarrollo social. Mientras tanto, la deuda se sigue reetiquetando con nombres técnicos que esconden su peso político y social.
Y es aquí donde debemos hablar con claridad: la deuda de Coahuila no es un accidente financiero, es una construcción política. Es el resultado de decisiones tomadas por gobernadores que han antepuesto sus intereses, obras de relumbrón o cálculos electorales, a la estabilidad de las finanzas públicas.
Y mientras esos mismos actores o sus herederos políticos siguen ocupando posiciones de poder, el estado sigue atrapado en una espiral donde pagar lo que se debe se convierte en una meta inalcanzable.
La transparencia debe ir más allá de los reportes trimestrales; debe incluir auditorías ciudadanas, sanciones a quienes endeudaron irresponsablemente al estado y una nueva política de deuda que priorice el futuro de Coahuila, no la inercia de sus élites.
Porque si algo ha demostrado esta historia de más de 38 mil millones de pesos, es que los números no se heredan: se pagan. Y los que los pagarán, como siempre, serán los ciudadanos.
