La deuda pública de Coahuila sigue siendo un tema delicado que refleja las dificultades económicas que enfrenta la entidad. A pesar de los esfuerzos por mantener un endeudamiento «sostenible», las alertas lanzadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público demuestran que el Estado se encuentra bajo constante vigilancia, debido a la creciente dependencia de las participaciones federales para cumplir con sus compromisos financieros.
La reciente contratación de créditos simples, principalmente con Banobras y la banca comercial, ha elevado la deuda estatal a más de 36 mil millones de pesos. Estos fondos, solicitados en un solo día de octubre de 2023, no solo reflejan la urgencia de financiamiento del gobierno estatal, sino también la falta de un plan estructurado para reducir la dependencia de la deuda a largo plazo.
Si bien los datos oficiales indican que todos los estados del país presentan un endeudamiento sostenible, Coahuila destaca junto a otras entidades como Chihuahua y Nuevo León, por el hecho de que su deuda está vinculada a las participaciones federales, una fuente de ingresos que, aunque considerable, no es indefinida. Este tipo de financiamiento pone en riesgo la estabilidad financiera de la entidad, pues cualquier fluctuación en las transferencias federales podría afectar directamente su capacidad de pago.
El sistema de alertas de Hacienda, diseñado para monitorear el comportamiento de las deudas estatales, evalúa específicamente aquellos créditos cuya fuente de pago proviene de ingresos de libre disposición. Coahuila, al igual que otros estados en la misma situación, podría enfrentar dificultades para hacer frente a sus compromisos, si las condiciones económicas cambian o si la Federación decide modificar los criterios de distribución de recursos.
Lo que es particularmente preocupante, es la falta de una estrategia clara para hacer frente a esta deuda. En lugar de diversificar las fuentes de financiamiento o generar ingresos propios que reduzcan la dependencia de las participaciones federales, el gobierno de Coahuila ha optado por continuar solicitando créditos, lo que podría aumentar aún más la carga financiera a largo plazo.
El panorama no es mucho mejor a nivel municipal. Municipios como Acuña, Ramos Arizpe y Saltillo, mantienen compromisos vinculados a proyectos de alumbrado público mediante esquemas de Asociación Público-Privada (APP), mientras que otros se han endeudado a corto plazo con bancos comerciales.
Si bien los municipios tienen menos flexibilidad financiera que el gobierno estatal, su creciente deuda también pone en riesgo la estabilidad fiscal local y podría tener efectos negativos en los servicios públicos esenciales.
A nivel nacional, la deuda de los estados y municipios ha alcanzado una cifra alarmante de más de 717 mil millones de pesos, con más de la mitad de este monto proveniente de la banca privada.
Aunque la Secretaría de Hacienda asegura que el nivel de endeudamiento de los estados es manejable, las alertas sobre el financiamiento con participaciones federales deberían ser un llamado de atención para los gobiernos locales.
En resumen, la deuda pública de Coahuila es una situación compleja que merece atención urgente. La dependencia de las participaciones federales y la alta concentración de créditos en un solo período no son señales de una gestión fiscal sólida, sino de un modelo insostenible que podría poner en peligro la estabilidad económica de la entidad en el futuro cercano.
Es necesario que el gobierno del estado adopte un enfoque más prudente, que no solo implique la obtención de recursos inmediatos, sino también la creación de políticas fiscales que permitan generar ingresos propios y reducir la dependencia de los financiamientos externos.
El tiempo de actuar es ahora, y las autoridades deben poner en marcha las reformas necesarias para asegurar que Coahuila no termine atrapado en una espiral de deuda que limite su capacidad de crecimiento y desarrollo.
