La captura en Arizona del exdirector de Protección Civil de Hermosillo, Roberto Copado Gutiérrez, representa una sacudida tardía en uno de los casos más dolorosos de la historia reciente de México: el incendio de la Guardería ABC ocurrido el 5 de junio de 2009, que dejó 49 niños muertos y más de un centenar con lesiones permanentes. Aunque el episodio tiene ya más de 16 años, esta detención reaviva el reclamo por una rendición de cuentas efectiva para todos los implicados.
Copado fue localizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona, donde vivía como prófugo, y permanece detenido mientras México gestiona su extradición. Se le atribuye haber firmado o autorizado permisos irregulares y dictámenes laxos de seguridad para el inmueble que albergaba la guardería, funciones que desde Protección Civil eran responsabilidad suya. Sobre él pesa una sentencia pendiente de cinco años y siete meses de prisión, derivada de una orden de reaprehensión vigente. En el pasado fue detenido en dos ocasiones, pero logró salir bajo fianza y bajo recursos legales que dilataron su encarcelamiento.
Ante la noticia, organizaciones de padres de las víctimas, colectivos de memoria y derechos humanos han señalado que ésta es una oportunidad indispensable para que el Estado demuestre compromiso con la justicia. Muchos recuerdan que, a lo largo de estos años, los procesos judiciales se han caracterizado por reducciones de condena, amparos concedidos a implicados y mecanismos procesales que han derivado en impunidad parcial.
Este contexto deja ver varias aristas críticas: ¿por qué una captura decisiva ocurre hasta ahora? ¿qué tanto han fallado las instancias judiciales para mantener activos los procesos contra otros implicados, como copropietarios, funcionarios del IMSS y autoridades locales? ¿Cuántas órdenes de aprehensión siguen sin cumplirse?
Cabe destacar que, en fechas recientes, también fue detenida en Sonora Sandra Lucía Téllez Nieves, copropietaria de la guardería, deportada desde Estados Unidos para enfrentar la sentencia que se le dictó por el caso ABC. Ambas detenciones ocurren con el telón de fondo de una impunidad histórica: de las más de dos decenas de funcionarios y particulares implicados, solo unos pocos han cumplido condenas efectivamente y muchas sentencias han sido reducidas tras recursos legales.
El caso ABC es un recordatorio doloroso de que las tragedias colectivas requieren algo más que declaraciones simbólicas: exigen un sistema judicial independiente, ágil y resistente a presiones políticas. La detención de Copado puede ser un paso hacia la justicia pendiente, pero no debe ser vista como final de trayecto sino como parte de un proceso largo en el que cada implicado rinda cuentas y las víctimas obtengan reparación real.
Este momento obliga a autoridades federales, estatales y judiciales a asumir pleno compromiso: gestionar con transparencia su extradición, acelerar procesos pendientes, desactivar dilaciones judiciales y garantizar que las condenas impuestas no queden reducidas o impugnadas hasta el olvido.
con información de: El País
