En política suele repetirse que no importa cuánto se gasta, sino qué resultados se obtienen. Sin embargo, el Congreso de Coahuila parece haber llevado esa frase al extremo, pues presume austeridad, pero su productividad legislativa es de las más bajas del país.
Los datos del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales del INEGI son contundentes y difíciles de refutar. Coahuila ocupó el último lugar nacional en iniciativas presentadas, con apenas 86 propuestas, equivalentes al 0.7 % del total registrado en México.
La cifra resulta aún más preocupante cuando se compara con entidades como Puebla, Michoacán o Nuevo León, cuyos congresos mantienen una actividad legislativa varias veces superior.
Pero el problema no radica únicamente en la cantidad. Lo verdaderamente alarmante es que de esas 86 iniciativas, solamente seis fueron presentadas por los propios diputados. El resto tuvo su origen en el Poder Ejecutivo. Es decir, el Congreso parece haber renunciado a su función esencial de impulsar leyes, abrir debates y construir una agenda propia que represente los intereses de la ciudadanía.
Un Poder Legislativo que depende casi por completo de las iniciativas del gobernador deja de cumplir con el papel que la Constitución le asigna como contrapeso. La división de poderes pierde fuerza cuando uno de ellos se limita a validar las decisiones del otro. Un Congreso sin iniciativa termina convertido en una oficialía de partes, no en un espacio de representación democrática.
La contradicción resulta todavía más evidente cuando se analiza el presupuesto. Durante 2024, el Congreso de Coahuila ejerció más de 239 millones de pesos. Una cifra considerable que obliga a preguntarse si los ciudadanos están recibiendo un trabajo acorde con la inversión pública que realizan mediante sus impuestos.
Nadie espera que los diputados presenten iniciativas por cumplir una cuota estadística. La calidad siempre será más importante que la cantidad. Sin embargo, tampoco puede justificarse una producción prácticamente inexistente bajo el argumento de la austeridad.
Un Congreso eficiente no es el que gasta menos, sino el que genera mejores leyes, fiscaliza con independencia, debate con seriedad y responde a los problemas reales de la sociedad.
Mientras los coahuilenses enfrentan desafíos en seguridad, salud, movilidad, desarrollo económico y servicios públicos, la actividad legislativa parece avanzar a un ritmo que poco tiene que ver con la urgencia de esos problemas.
Las sesiones transcurren sin grandes debates, las reformas trascendentes escasean y la agenda parlamentaria parece depender más de la voluntad del Ejecutivo que de la iniciativa de quienes fueron elegidos para representar a la población.
La próxima Legislatura tendrá una oportunidad que también representa una enorme responsabilidad. Los 16 diputados del PRI y los otros que llegarán por la vía plurinominal asumirán sus cargos y no solo deberán mantener un Congreso ordenado administrativamente; estarán obligados a demostrar que el Poder Legislativo puede recuperar su independencia, su capacidad de propuesta y su utilidad para la sociedad.
Porque la democracia cuesta, y cuesta millones. Lo mínimo que pueden exigir los ciudadanos es que ese dinero se traduzca en trabajo, resultados y leyes que mejoren la vida de los coahuilenses.
