El Gobierno de México ha insistido en que una asociación o señalamiento no puede considerarse una responsabilidad confirmada mientras no existan pruebas que la sustenten. Esta postura fue reiterada ante el señalamiento de autoridades estadounidenses que vincula a lechuga procesada en Guanajuato con un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos, y guarda similitudes con la posición oficial frente a las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.
El comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Víctor Hugo Borja, explicó que hasta el momento no se ha comprobado que la lechuga mexicana sea el origen del brote. La investigación estadounidense estableció una asociación epidemiológica con productos procesados por una planta de Taylor Farms ubicada en Guanajuato, después de que personas afectadas reportaran haber consumido lechuga procesada en establecimientos de comida rápida.
A partir de esa información, autoridades sanitarias de Estados Unidos rastrearon la cadena de distribución hasta México. Cofepris realizó inspecciones y tomó muestras en las instalaciones señaladas para determinar si existía evidencia del agente causante de la enfermedad.
La dependencia mexicana analizó cinco muestras de lechuga entera, cinco de producto procesado y agua utilizada en la planta. De acuerdo con Borja, todas resultaron negativas, por lo que los análisis realizados hasta ese momento no confirmaron la hipótesis de que el producto mexicano fuera el origen del brote.
La investigación, sin embargo, continúa. Taylor Farms suspendió de manera preventiva las operaciones de la planta mientras realiza un análisis de riesgo, mientras las autoridades mantienen el intercambio de información sobre el caso.
El mismo principio de esperar elementos probatorios antes de establecer responsabilidades ha sido utilizado por el Gobierno de México al referirse al caso de Rubén Rocha Moya, quien enfrenta una acusación formal presentada por fiscales federales de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.
La acusación estadounidense incluye a otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos. Sin embargo, de acuerdo con el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, los señalamientos contenidos en una acusación deben ser acreditados ante los tribunales.
La administración de Claudia Sheinbaum ha sostenido que México no actuará únicamente con base en acusaciones y ha señalado que requiere elementos que permitan sustentar jurídicamente cualquier investigación o procedimiento contra Rocha Moya.
En mayo, autoridades mexicanas informaron que Estados Unidos aún no había entregado los elementos solicitados respecto al caso. Omar García Harfuch también declaró entonces que no se habían detectado conductas ilícitas de Rocha Moya ni existía una investigación mexicana en su contra en ese momento.
En julio, Sheinbaum reiteró que Estados Unidos no había presentado pruebas contra el gobernador con licencia y sostuvo que el Gobierno mexicano no protegerá a ninguna persona, pero tampoco respaldará acusaciones que no estén acompañadas de elementos probatorios. La presidenta señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar, mediante las investigaciones correspondientes, si existen responsabilidades.
