Las elecciones terminaron. Los discursos de campaña quedaron atrás. Las porras se apagaron y las urnas ya hablaron. Ahora comienza la verdadera prueba para Óscar Nájera Davis al frente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila: demostrar que su llegada no fue simplemente un cambio de nombres, sino el inicio de una etapa de transparencia, rendición de cuentas y de recobrar su excelencia académica.
Si algo quedó claro durante el proceso electoral, es que una parte importante de la comunidad académica está cansada de los privilegios, de los grupos enquistados en el poder y de los beneficios que, a juicio de muchos profesores, parecen estar reservados para unos cuantos.
Uno de los temas que más ruido ha generado dentro de Jurisprudencia es el relacionado con los ingresos que perciben la actual coordinadora del área de Derecho en Línea, Marisol Díaz Valencia y su esposo, el también docente Alberto Campos Olivo.
Los catedráticos hacen señalamientos desde hace tiempo de que ambos perciben ingresos cercanos a los 49 mil pesos mensuales cada uno, una cifra que para muchos docentes resulta difícil de entender, en un contexto donde otros académicos reclaman mejores condiciones laborales y oportunidades de crecimiento.
Óscar Nájera no puede darse el lujo de voltear hacia otro lado. Sería un error político y administrativo. La comunidad universitaria no votó por él para administrar inercias ni para proteger intereses heredados. Lo eligieron para corregir lo que muchos consideran excesos, y para abrir las ventanas de una institución donde durante años se han acumulado cuestionamientos que pocas veces o nunca encontraron respuesta.
La revisión de tabuladores salariales y de las percepciones de funcionarios y docentes no debe verse como una persecución política, sino como un ejercicio elemental de transparencia. Quien administra recursos públicos tiene la obligación de rendir cuentas. Quien ocupa cargos de responsabilidad académica debe estar dispuesto a explicar cómo se integra cada peso que recibe.
Pero los desafíos de Nájera no terminan ahí. También tendrá que preguntarse por qué personajes influyentes de la propia Facultad, como el actual magistrado de la Sala Penal, Luis Efrén Ríos Vega, Gerardo Villarreal y Francisco Valdés, decidieron no respaldar su proyecto político. Las diferencias internas no desaparecen con una elección. Permanecen, se acumulan y tarde o temprano terminan afectando la vida institucional.
Lo cierto es que el triunfo de Nájera se da en un momento clave para la Universidad. Con Tadeo Vargas en la Unidad Norte y Omar Rojas en la Unidad Laguna, ambos identificados con el grupo político del rector Octavio Pimentel, se configura un nuevo mapa de poder dentro de la máxima casa de estudios. Sin embargo, el respaldo político no debe convertirse en patente de impunidad ni en licencia para ignorar los reclamos de la comunidad.
La Facultad de Jurisprudencia necesita algo más que un director popular. Necesita un director dispuesto a incomodar, a revisar expedientes, a transparentar nóminas y a responder preguntas que durante demasiado tiempo permanecieron sin respuesta, además de retornar a la época en que dicha Facultad tenía excelencia académica.
Porque de nada servirá haber ganado una elección, si al final se mantienen intactos los privilegios que tantos profesores denuncian. La credibilidad de la nueva administración no se medirá por los discursos pronunciados en la toma de protesta ni por las fotografías con los grupos de poder universitario. Se medirá por su capacidad para demostrar que en Jurisprudencia nadie está por encima del escrutinio público.
