Fernando Rangel de León.
El 26 de noviembre de 2007, la Organización de las Naciones Unidas ONU, instituyó el 20 de febrero como Día Mundial de la Justicia Social, para recordar a los gobiernos y a la sociedad un mejor reparto equitativo de los bienes sociales, de los bienes que producen todos, para que haya respeto a los derechos humanos y las clases sociales más desfavorecidas tengan oportunidades de desarrollo.
Hay muchas necesidades que el individuo no puede satisfacerlas por sí mismo porque no cuenta con los recursos para ello; y es cuando el Estado, que es la nación organizada jurídica y políticamente, cuyo gobierno lo dirige y lo administra, tiene la obligación de coadyuvar con la persona a allegarse esos medios mediante apoyos como son las becas para estudiantes, las pensiones para las personas de la tercera edad o de capacidades diferentes; apoyo para emprendedores de pequeñas y medianas empresas, etcétera.
Esos apoyos económicos provienen de los impuestos y toda clase de contribuciones públicas que paga la población al erario público; los que aparte de destinarse para las obras y los servicios públicos y pago de la nómina del personal que hace funcionar al Estado, son también para promover el bienestar y la estabilidad de la comunidad.
Esta justicia que busca corregir las desigualdades, garantizando las condiciones mínimas de la calidad humana, mediante la equidad, es la justicia social, lema de partidos que al llegar al poder no hacen nada o hacen muy poco por convertirlo en realidad; pero que les reditúa muchos votos en las elecciones.
Cuando la justicia social se hace efectiva para todos, hay paz, tranquilidad y seguridad en cada individuo y en cada familia, quienes son la suma de la sociedad; lo que les permite trabajar y producir más; desarrollando todas las facultades físicas e intelectuales, que les permite tener más oportunidades de superación y de bienestar.
Solo así con esa armonía habrá seguridad pública, que mediante la fuerza pública, es la garante del respeto a los derechos humanos como la vida, la salud, la alimentación, la libertad personal, la de pensamiento, de creencia, de expresión, de reunión, de asociación, de libre tránsito, de trabajo, de familia, de patrimonio, de vivienda, de agua, de medio ambiente, de justicia, etcétera.
Pero para que esto todo se haga realidad es necesario que no nada más el 20 de febrero, sea el día de la justicia social, sino todo el año.
