Carlos Padilla Muñoz.
El pasado 21 de julio estuvo a punto de registrarse una tragedia en el ejido de Pozo de Calvo en el municipio de Torreón, Coahuila.
Aun cuando la Ley Agraria del país habla de amplias medidas de seguridad para quienes participan en asambleas ejidales donde se manejan intereses diversos y suelen calentarse los ánimos y debe haber apoyo de corporaciones de seguridad pública, en esta ocasión no la hubo y sin embargo los representantes de la Procuraduría Agraria Regional de la Laguna decidieron llevar a cabo la asamblea, sin haber condiciones de seguridad, error garrafal.
No solo fue una grave omisión, fue un error sin intención, o intencional posiblemente.
Los ejidatarios Maximiliano Bernal Santoyo, Braulio Orina Álvarez y Arturo Barrón García, representantes de uno de los grupos de campesinos de Pozo de Calvo, denunciaron: “Todo fue premeditado para que ganará el candidato del ex comisariado ejidal José Manuel Atilano Martínez, quien terminó sus funciones en marzo pasado, pero pretende adueñarse de programas y dinero que destina el gobierno federal a través de Conafor, además no quiere rendir cuentas de los fondos que manejó y la venta de tierras propiedad de los ejidatarios de Pozo de Calvo.
Es por eso que compraron y amenazaron a varios compañeros a quienes les dijeron que era mejor que los apoyaran, de lo contrario sus familias podrían pagar las consecuencias.
Tenemos la seguridad que también compraron a los representantes de la Procuraduría Agraria, quienes permitieran que votara gente completamente desconocida, que nunca los habíamos visto en el ejido. Tenemos la seguridad que se alteró el padrón.
Por otra parte, denunciamos las agresiones y Amenazas a varios periodistas que invitamos para darle más transparencia al evento. También agredieron a funcionarios federales que fueron invitados.
Ya pedimos la invalidez de esta asamblea, además hemos denunciado los hechos al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y pedimos su intervención, así mismo se preparan denuncias de los delitos en la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, para que se investiguen los hechos.
José Manuel Atilano llevó a sus pistoleros que andaban armados, y se notó la ausencia de la Policía municipal, la Estatal y la Guardia Nacional, a quienes se solicitó su presencia y apoyo, mediante escritos que aquí presentamos”.
El suscrito fue uno de los periodistas agredidos, por lo que presentaremos denuncia penal en la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de Coahuila y la ONU.
cronicadelalaguna2019@gmail.com
