Rigoberto Losoya Reyes.
El 20 de diciembre de 1899, el Congreso del estado de Coahuila, aprobó el contrato que con fecha 29 de noviembre del mismo año, se celebró entre el gobernador del Estado Miguel Cárdenas y el señor Hilario Delgado, para la operación de una línea telefónica entre las poblaciones de Ciudad Porfirio Díaz (hoy Piedras Negras) y la Villa de Allende, comunicando a las poblaciones intermedias.
Don Hilario Delgado era un próspero comerciante en maderas y materiales de construcción radicado en la ciudad fronteriza de Ciudad Porfirio Díaz (Hoy Piedras Negras), por casualidad también en ese mismo año, se desempeñaba como alcalde de esta ciudad fronteriza. Su trayectoria era de todo un caballero, hombre de familia querido y respetado por la comunidad. Procuró siempre traer prosperidad a esta ciudad y un signo de ello, es que arriesgó su capital para iniciar esta empresa telefónica.
Entre las cláusulas más importantes del contrato que se publicó en el periódico oficial del estado, se cita que, la línea telefónica comunicará las poblaciones de Ciudad Porfirio Díaz y Villa de Allende, incluyendo las poblaciones intermedias con la posibilidad de prologar dicha línea hasta la ciudad de Zaragoza.
El concesionario, se obligaba a construir la línea telefónica empleando para ello, materiales convenientes y aparatos de buena calidad.
Se fijó como plazo para iniciar los trabajos seis meses después de la firma del mismo contrato y debería concluir la instalación en un término de un año.
También se estableció el uso gratuito del teléfono para asuntos oficiales a la primera autoridad política y a las judiciales de los pueblos. El concesionario otorgó una fianza de quinientos pesos en caso de incumplimiento al fenecer el plazo estipulado para terminar la instalación. Así mismo, la construcción e instalación de la línea telefónica quedó exenta de toda clase de contribución municipal o estatal por quince años. Por otro lado, se especificó en el contrato de no conceder otro contrato o franquicia a otra persona o compañía por el mismo termino de años (quince). Asegurando a esta empresa ser la única en su ramo.
Se señaló que la concesión no podía ser traspasada, enajenada o hipotecada a otro estado o gobierno extranjero siendo nulo todo acto jurídico que infrinja esta prohibición.
Las autoridades por su parte, deberían realizar la debida vigilancia para auxiliar al concesionario para evitar los actos que ataquen las seguridad y conservación de la línea, consignando a los culpables a la autoridad competente.
El concesionario tendría derecho a poner y conservar los postes y alambres y aisladores en las azoteas y paredes de las casas, lo mismo que en las calles y caminos públicos como medida de utilidad pública.
Un aspecto relevante del contrato, es que, al pasar treinta años, el gobierno del estado podrá adquirirla y el propietario estará obligado a venderla, previo pago de todos los materiales y útiles del servicio, que se haría mediante justa tasación.
El gobierno del estado extendió un reconocimiento a don Hilario Delgado por haber desempeñado con honradez y patriotismo su periodo como presidente municipal y especialmente por haber tenido la iniciativa de haber construido la presidencia municipal inaugurada en 1899 antes terminar su gestión municipal.
Lamentablemente esta concesión fue abruptamente confiscada por Venustiano Carranza en 1913 durante la revolución constitucionalista sin indemnización económica como lo establecía la concesión causando la ruina económica y al temer de ser detenido, don Hilario Delgado no tuvo otra opción que asilarse en Eagle Pass, Texas donde falleció en la ruina económica. Su viuda realizó algunos esfuerzos con el gobierno de Carranza cuando este era presidente de la República, pero no recibió ninguna respuesta positiva.
En Piedras Negras, don Hilario permaneció en la memoria de la comunidad porque su residencia construida con ladrillo y madera subsistió hasta el siglo XXI, cuando tuvo que ser derrumbada por causa de seguridad de los peatones, porque estaba a punto de caer.
Esta vieja construcción había recibido la protección como inmueble protegido por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
