La Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia Nacional de Aduanas de México han preparado más de 200 órdenes de aprehensión contra funcionarios de aduanas, elementos de las fuerzas armadas y empresarios, por su presunta implicación en el contrabando sistemático de combustible, conocido como huachicol fiscal.
Entre los señalados se encuentra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien aparece como socio mayoritario de la empresa Ingemar, S.A. de C.V., vinculada al decomiso de 15 millones de litros de combustible ilegal en Coahuila. La FGR ha vinculado a esta empresa con operaciones irregulares de importación de hidrocarburos.
Las detenciones se han desplegado de forma escalonada desde principios de agosto y abarcan personal civil y militar adscrito a aduanas en distintos puntos del país. Algunas de las órdenes ya fueron ejecutadas, mientras otras siguen en trámite ante jueces de diversas entidades. El proceso se mantiene bajo reserva debido a la confidencialidad de las investigaciones.
El pasado domingo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la captura de 14 individuos relacionados con este tipo de operaciones ilegales. Entre ellos se encuentran marinos en activo y retirados, empresarios y exfuncionarios aduanales.
Según datos obtenidos por El Universal, se prevé que en los próximos días se liberen nuevas órdenes de aprehensión dirigidas a empresas implicadas en la distribución y comercialización del combustible ingresado de forma irregular al país.
Ruffo Appel declaró que está dispuesto a colaborar con las autoridades si es requerido. En entrevista previa con El Universal, aseguró que la empresa no tiene responsabilidad directa en los actos investigados y que la comercialización del combustible se realiza a través de Crismón Hidrocarburos y Derivados, compañía que fue asignada por la Comisión Reguladora de Energía.
Los informes recabados por la FGR revelan un esquema de operación basado en la simulación documental. Funcionarios declaraban la entrada de productos químicos como aditivos, aceites o desechos industriales, cuando en realidad se trataba de hidrocarburos. Esta estrategia permitió evitar el pago de impuestos, con el apoyo de redes internas en las aduanas.
El uso de embarcaciones internacionales para introducir el combustible ha sido una constante. Casos como los del High Challenge, Torm Agnes y Challenge Procyon, todos detenidos en marzo en el puerto de Tampico, muestran el alcance de esta operación. En conjunto, se intentó ingresar más de 80 millones de litros de combustible, bajo declaraciones de productos no fiscalizados.
En rutas terrestres, la estrategia también fue detectada. El 23 de junio, en Nuevo Laredo, se decomisaron 80 pipas y 100 carrotanques cargados con más de 20 millones de litros, disfrazados en la documentación como aceite quemado y residuos industriales.
Las autoridades mexicanas han reforzado los operativos en aduanas fronterizas y portuarias con el apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde 2020, las 49 aduanas del país están bajo custodia de estas dependencias, pero las investigaciones recientes indican que los esquemas de corrupción han continuado y evolucionado.
El gobierno federal ha puesto bajo vigilancia a empresas importadoras y comercializadoras de hidrocarburos, cuyas actividades están reguladas por permisos otorgados por la extinta Comisión Reguladora de Energía. De casi mil solicitudes tramitadas en los últimos años, solo poco más de la mitad siguen vigentes.
Este caso pone en evidencia la complejidad de las redes de corrupción que operan en el país y la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. La colaboración entre diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil será esencial para erradicar este tipo de delitos y garantizar un México más justo y seguro.
