La presidenta Claudia Sheinbaum ha salido en bloque a respaldar la propuesta de incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a las bebidas azucaradas, señalando que la medida no es un recurso recaudatorio sino una estrategia para reducir el consumo excesivo de azúcar y financiar programas de salud.
En sus declaraciones durante la conferencia matutina, la mandataria rechazó las críticas del sector empresarial que advierte sobre efectos negativos en pequeños comercios. Aseguró que no existe sustento técnico que demuestre que esta política provoque el cierre de tienditas o fomente la informalidad. Sheinbaum recalcó que el impuesto proyectado, que pasará de 1.64 a 3.08 pesos por litro —un aumento del 87 %— también abarcará bebidas que hasta ahora estaban exentas, como ciertos sueros orales o bebidas “electrolíticas”.
El argumento central de la presidenta apela a la evidencia científica: el exceso de consumo de azúcar está vinculado con la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades crónicas. Por ello, el nuevo gravamen debe verse como una medida preventiva, no solo como un mecanismo de recaudación. Asimismo, anunció que todos los recursos adicionales derivados del impuesto se canalizarán exclusivamente al sistema de salud.
Este discurso no es nuevo en México: desde la introducción del “impuesto al refresco” en 2014, la salud pública ha sido el eje justificante cada vez que se revisan los gravámenes sobre bebidas azucaradas. Lo que sí cambia ahora es la escala propuesta y la inclusión de productos antes no gravados, como los sueros con azúcares añadidos.
Sin embargo, el planteamiento de Sheinbaum choca con dudas legítimas. Primero, el impuesto podría trasladarse a los consumidores con menor poder adquisitivo, quienes estarían más afectados por los incrementos de precio. Segundo, la industria señala que no hay garantía de que un alza en el gravamen se traduzca en una reducción significativa del consumo, dado que las bebidas azucaradas son productos con demanda relativamente “inelástica” frente a los precios. Tercero, está el desafío de la transparencia: que el presupuesto recaudado se use efectivamente en salud, sin filtraciones administrativas o corrupción.
En el contexto sociopolítico, Sheinbaum apuesta por una narrativa de “gobierno responsable”, que actúa en defensa del bienestar colectivo más allá de presiones empresariales. Pero ese acto de fe exige resultados: menos tasa de diabetes, hipertensión y sus costos; mayor acceso a atención médica e infraestructura hospitalaria; y una mejora tangible en los índices de salud poblacional.
Lo que sigue ahora es la discusión en el Congreso, donde empresarios, asociaciones de salud y legisladores pondrán sobre la mesa efectos colaterales, mecanismos de compensación y esquemas de vigilancia. Será el terreno donde se mida si esta apuesta fiscal se convierte en una política pública efectiva o en una fuente más de conflictos sociales.
