La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló públicamente que su equipo de protección se compone actualmente únicamente de una decena de personas, acompañándola sin “parafernalias”. En contraste con gobiernos precedentes, cuando el país contaba con miles de agentes del Estado Mayor Presidencial (EMP) encargados de la custodia de los mandatarios —una estructura de elite que llegaba a sumar cerca de ocho mil soldados según sus propias palabras—, esta administración optó por una estructura más austera y reducida.
Durante un acto público en el estado de Nayarit, Sheinbaum sostuvo que todos los miembros del antiguo Estado Mayor fueron reincorporados al Ejército, con lo que insistió en que los recursos que tradicionalmente se dedicaban a su protección se “regresan al pueblo”. La mandataria enfatizó su rechazo a cualquier exceso de ostentación o privilegio vinculado a su resguardo, afirmando que su gestión no gobierna para servirse a sí misma, sino para servir al pueblo.
El anuncio cobra relevancia en un contexto reciente en el que Sheinbaum fue víctima de una agresión sexual mientras transitaba en el Centro Histórico de Ciudad de México, episodio que despertó cuestionamientos sobre los mecanismos de protección. A raíz de ello, la presidenta reforzó su discurso explicando que su equipo de seguridad se integra por diez “compañeros y compañeras” de la Ayudantía de la Presidencia, descartando lujos innecesarios o despliegues masivos.
La propuesta subyacente a esta simplificación del resguardo presidencial parece ser una reafirmación de los valores de austeridad y cercanía que su administración ha promovido. Al desmantelar la estructura tradicional de protección, se plantea una nueva forma simbólica de ejercer la presidencia: menos barreras, menos distancias artificiales y un gobierno más alineado con la idea de servicio público.
Sin embargo, este modelo no está exento de debates. Hay voces que cuestionan si un equipo tan reducido puede garantizar plenamente la seguridad ante amenazas complejas, sobre todo en un país donde la violencia política y delitos graves tienen presencia. La presidenta, por su parte, insiste en que la confianza en las instituciones de seguridad es clave y que el cambio implica que los recursos se prioricen en beneficio colectivo.
con información de: EFE, Sin Embargo
