Uruapan, Michoacán, 7 de mayo de 2026.- La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, criticó la asignación de protección federal al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y cuestionó que su esposo, Carlos Manzo, no recibiera medidas similares pese a haber solicitado apoyo antes de ser asesinado.
A través de redes sociales, la alcaldesa lamentó que las peticiones de seguridad realizadas por Manzo ante instancias federales no fueran atendidas antes de su asesinato, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante un evento público por la celebración del Día de Muertos.
En sus publicaciones, Quiroz expresó que, de haber existido una respuesta institucional oportuna, su esposo podría seguir con vida junto a su familia.
La edil señaló que la ausencia de protección obedeció a que Manzo formaba parte de un movimiento ciudadano, y no de una estructura política tradicional, por lo que cuestionó los criterios bajo los cuales se activan los esquemas de resguardo para servidores públicos y actores políticos en México.
También manifestó su confianza en que los responsables del homicidio enfrenten consecuencias legales.
Tras el asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal de Uruapan para dar continuidad a la administración local y enfrentar los desafíos de seguridad en la región.
Las declaraciones surgieron luego de que se confirmara que Rubén Rocha Moya cuenta con resguardo del Servicio de Protección Federal, luego de evaluaciones de riesgo realizadas por autoridades de seguridad federal.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la protección fue asignada como resultado de análisis técnicos y no por una solicitud directa del mandatario sinaloense.
La situación ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos institucionales para la asignación de protección a funcionarios públicos.
En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno mexicano solicitó formalmente a Estados Unidos pruebas sobre los señalamientos emitidos contra Rocha Moya y otros exfuncionarios de Sinaloa, a través de una nota diplomática enviada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública contempla esquemas de protección extraordinaria para servidores públicos bajo riesgo, previa evaluación de amenazas por autoridades competentes.
